Pagarían recompensa de $ 2 millones a mapuche que aportó datos para dar con el cuerpo de Maldonado

El Gobierno nacional estaría considerando que «corresponde» pagarle una recompensa a uno de los últimos testigos que declaró y que brindó datos precisos del lugar donde se podía encontrar el cuerpo de Santiago Maldonado. Según señalaron fuentes oficiales al diario La Nación de Buenos Aires, se trata de un joven que en testimonial marcó el lugar donde creía que podía estar Maldonado, dado que fue quien habría estado más cerca del joven tatuador porque habían intentado cruzar el río juntos.
Lo cierto es que los dos testigos que declararon ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof, se identificaron ante la Justicia, pero sus nombres quedaron protegidos, por seguridad. Altas fuentes judiciales afirmaron que ninguno de esos testigos marcó un punto en el río donde estuvo Santiago.

Fue el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral (instalado en Esquel desde que se hizo cargo de la causa), quien activó el operativo en base a tres testimonios que le hicieron pensar que debía volver a rastrillarse ese lugar: dos de la comunidad mapuche tomados en el Pu Lof y uno del jefe de Prefectura. La fiscal Silvina Avila ya había pedido una búsqueda con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua.
La fuente gubernamental, sin embargo, señaló: «Un testigo dio un espacio perimetral entre dos puntos del río. Le corresponde cobrar la recompensa porque brindó datos fehacientes y eran correctos. Se puede hacer como anónimo, dado que el sistema lo permite y porque es muy importante protegerlo en este momento», informó el diario porteño.

El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de 500.000 a 2 millones de pesos el 7 de septiembre último. El juez Lleral es quien debe ordenar la medida para que se haga el pago. El tema es de alta sensibilidad por el clima de tensión que se vive en el Pu Lof.
Quien fue bautizado «testigo E» declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dio una versión precisa de lo que ocurrió con Maldonado en el río. Estos dichos del «testigo E» no están incorporados al expediente del hábeas corpus.

«FALSO TESTIMONIO»
Por otro lado, las fuentes gubernamentales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrado los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por «falso testimonio». Se trata del miembro de la comunidad que dijo creer haber visto que los gendarmes golpearon «a un bulto» y se lo llevaron, primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza. Será clave revisar con qué grado de aseveración Santana declaró esa versión, para ver las consecuencias legales que puede tener.

Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. En la noche del vierenes, el juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. La familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución de aquel 1º de agosto en el Pu Lof.

EL RASTRILLAJE
El juez activó el operativo que dio con el cuerpo de Santiago Maldonado, después de tres testimonios que lo convencieron de que había que volver a buscar al joven en el epicentro del conflicto, a pesar de que el juez anterior había hecho tres rastrillajes. 
Dos de esos testimonios fueron de mapuches que declararon en la primera visita del juez al territorio, el 4 del actual. Dijeron que habían estado con Santiago en el operativo de la Gendarmería el 1º de agosto y uno de ellos es quien habría dicho que el tatuador no logró cruzar.
El otro testigo fue el prefecto principal Leandro Antonio Ruata, que comandó los rastrillajes anteriores y le dijo a Lleral que era necesario hacer «al menos un rastrillaje más».

La fiscal Silvina Avila pidió un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, desde seis kilómetros antes del Pu Lof. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.
El miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al Juzgado. El jueves 12 al mediodía fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados, que no estuviera la Policía Federal y pidieron debatir entre ellos.

El viernes fue la tercera reunión, también en el Juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celulares para sostener el diálogo, redactó la medida que ordenó el procedimiento y pidió con urgencia al Gobierno que se consiguieran los perros rastreadores.