Bonadio es el juez que más diputados nacionales procesó, todos ellos kirchneristas 

Más allá del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien se encuentra en el ojo del huracán por la ofensiva del oficialismo para lograr su expulsión de la Cámara baja, hay al menos otros cuatro diputados con mandato vigente que cargan en sus espaldas con procesamientos dictados por la Justicia. En ese contexto, el juez Claudio Bonadio es el que maneja la mayoría de las causas.

Se trata de Alejandro Ramos, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Liliana Mazure, todos ellos pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria-PJ.

En el primer renglón, sobresale a todas luces la situación del exministro de Planificación, quien acumula cinco procesamientos por hechos anteriores a su jura como diputado en diciembre del 2015 (tiene mandato hasta fines del 2019).

El 10 de mayo del 2016, el juez Claudio Bonadio procesó a De Vido por estrago culposo y administración fraudulenta y lo embargó por 600 millones de pesos en el marco de la causa de la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas, y que se encuentra al borde del juicio oral.

Un mes después, el juez Alejandro Ramos -sin relación con el diputado- también procesó al exministro por la renogociación irregular de contratos ferroviarios, adjudicándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

El exfuncionario kirchnerista enfrentaría además en los próximos meses un juicio oral y público en la causa por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal, que quedó inutilizable por su nivel de deterioro.

El mismo magistrado procesó también a De Vido y a su par Máximo Kirchner por el delito de asociación ilícita por el direccionamiento de obra pública (de Vialidad Nacional) a favor del empresario patagónico Lázaro Báez en Santa Cruz.

El último procesamiento que, por ahora, tiene en su haber de Vido llegó el pasado 10 de julio pasado: Bonadio lo procesó por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos.

Por esta misma causa, Bonadio procesó a los exsecretarios Jaime, Schiavi, y al actual diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Alejandro Ramos, quien fue embargado por 900 millones de pesos.

Otro caso resonante involucra al diputado y exministro de Economía Axel Kicillof, quien junto a la expresidenta Cristina Kirchner y el exdirector del Banco Central Alejandro Vanoli fue procesado por las operatorias de venta de dólar futuro realizadas en octubre de 2015.

En la causa, que fue elevada a juicio oral, Bonadio entendió que dicha operatoria suponía un perjuicio económico para el Estado, partiendo de la premisa de que el tipo de cambio estaba notablemente atrasado en 2015 y que inexorablemente el Gobierno entrante tenía que corregir la distorsión.

La última diputada procesada es Liliana Mazure por su gestión al frente del INCAA, a raíz de supuestos nombramientos irregulares en el instituto audiovisual.

Otra vez, el juez que aparece en escena en una causa contra un funcionario kirchnerista es Bonadio, quien le trabó a Mazure un embargó por 370 mil pesos y la procesó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz de los nombramientos de su yerno y su chofer.

Las aguas en otras bancadas no están tan revueltas, aunque igualmente hay casos que llaman la atención, como el que tuvo como protagonistas a los diputados del PRO Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, imputados por la Justicia el 10 de abril pasado.

El fiscal Franco Picardi abrió una investigación en perjuicio de estos dos funcionarios y del entonces ministro de Defensa, Julio Martínez por haber intercedido a instancias del Poder Ejecutivo ante parlamentarios norteamericanos para lograr la adquisición de un arsenal para equipar a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

En tanto, el diputado santacruceño Eduardo Costa (UCR) está imputado en una causa por evasión impositiva impulsada por la AFIP en 2013 y es investigado por la Justicia de su provincia por presunto lavado de activos.