El oficialismo consiguió dictamen de proyectos fiscales y avanza para votar el presupuesto

La coalición oficialista, con la ayuda del peronismo y bloques provinciales, dio un paso sustancial para poder sancionar antes de fin de mes en la Cámara de Diputados las leyes económicas, al lograr dictamen mayoritario de los proyectos de suba de la tasa de bienes personales, la adenda fiscal, y los cambios en la ley de revalúo de ganancias de las empresas, que son complementarias del presupuesto 2019.

Ahora solo queda pendiente el dictamen del proyecto de gastos y recursos para el próximo año que se emitirá el próximo martes en una reunión que se celebrará a las 10, según anticipó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el macrista Luciano Laspina.

La intención de la bancada oficialista, que conduce el cordobés Mario Negri, es poder sancionar el 24 o el 30 de octubre el presupuesto, la adenda fiscal, la suba de la alícuota de bienes personales y la reforma de la ley de revalúo de ganancias, para que el Senado lo pueda convertir en ley antes de fines de noviembre.

La bancada de Cambiemos contó con el respaldo de la mayoría de legisladores que responden a los gobernadores del peronismo para conseguir el aval a la reforma del impuesto de bienes personales y de la adenda fiscal, y a diferencia de lo que sucedió en los últimos años se encontró con un rotundo rechazo del massismo.

El Frente Renovador solo acompañó las modificaciones a la ley del revalúo de ganancias de las empresas, que estableció nuevos índices para poder computar la inflación de los balances que deben presentar las compañías.

La discusión central de la comisión estuvo centrada en el aumento progresivo de la alícuota del impuesto a los bienes personales, donde se espera recaudar unos $ 20.000 millones en el 2019.

De la recaudación se destinará un 6% a cajas provinciales, y el resto se distribuirá en un 60% a las provincias de acuerdo a la ley de coparticipación federal y un 40 % a la Nación.

El dictamen establece que pagarán una alícuota de 0,25 % sobre los inmuebles con un valor fiscal de entre dos hasta cinco millones de pesos, un 0,50% de cinco a 20 millones de pesos y un 0,75% por los inmuebles superiores a los $ 20 millones.

También se establece que los inmuebles rurales pagarán este impuesto pero con una alícuota tope del 0,25 por ciento.

En el debate, los diputados de Argentina Federal, Diego Bossio, y el misionero Jorge Franco expusieron sus diferencias cuando el primero cuestionó que hablen "de un apoyo del peronismo y de los gobernadores a aumentar los impuestos a la clase media".

Frente a esas expresiones, Franco que es uno de los firmantes del proyecto, dijo que "formó parte del acuerdo entre los gobernadores y la Nación para compensar a las provincias para que puedan aportes los sectores más pudientes".

También el radical Luis Pastori le recordó a Bossio que los 18 gobernadores que firmaron la adenda "estuvieron de acuerdo en aumentar bienes personales".

Laspina señaló que con la duplicación del mínimo no imponible se generará "más progresividad, al sacar a la clase media precisamente del alcance de bienes personales”.

El aumento de bienes personales también fue observado por el diputado del Frente Renovador, Marcos Lavagna, quien señaló que "no vamos a acompañar este aumento del impuesto ni la adenda porque los impuestos lo resuelve el Congreso".

Mientras que la kichnerista Fernanda Vallejos justificó su rechazo al proyecto y señaló que con esta nueva alícuota "y debido a la devaluación la mayoría de las personas que tienen una propiedad pagarán este tributo".

Por otro lado, la comisión emitió despacho favorable al proyecto que reforma la ley que permite ajustar los balances de las empresas por inflación con el fin de evitar una caída de la recaudación, y así poder garantizar los recursos previstos en el presupuesto 2019.

El Congreso aprobó a fin de año una ley que era un antiguo reclamo de las empresas para poder ajustar por única vez sus balances cuando el Índice de Precios al por mayor superara el 100%, o cuando en cada período superara el 33%.

Ahora el despacho establece que solo se puede implementar esta ley si en el 2018 la inflación supera el 55% y en el 2019 el 30%..