Diputados aprobó por unanimidad el proyecto anti barra bravas

Con el objetivo de combatir la violencia en el fútbol, la Cámara de Diputados le dio media sanción por 199 votos afirmativos, un voto negativo y tres abstenciones, al proyecto de ley que instrumenta un régimen penal aplicable a organizaciones de barrabravas. Ahora el proyecto será girado al Senado para su sanción definitiva. 

En la búsqueda de los consensos necesarios para su aprobación, el texto del Ejecutivo fue sujeto a modificaciones previo a la sesión y también cambiaría su redacción en la votación en particular. 

La ley prevé penas para quienes porten armas en espectáculos futbolísticos, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización y ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entre otras medidas (ver subtítulo). 

El proyecto fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso a pedido del Poder Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que “es importante generar una ley penal alrededor del fútbol; nos falta poder combatir los delitos que ocurren y encuadrarlos como delitos penales y no sólo como contravenciones”.

El objetivo es que la nueva ley pueda ser aplicada en los próximos torneos de verano, que se disputan en diversas provincias del país.

Durante las más de cinco horas que duró el debate, los legisladores reclamaron medidas de prevención y coincidieron en la compleja trama política, judicial y policial en la cual actúan las barras del fútbol argentino. 

LAS PENAS

La ley, de exclusiva aplicación en eventos futbolísticos, prevé penas para quienes entre otras acciones introduzcan o porten armas o elementos usados para intimidar, violentar o agredir (dos a seis años de prisión), alteren el desarrollo de un partido (uno a cuatro años), provean entradas a barras (uno a tres años), vendan entradas sin autorización (uno a tres años), ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio (un mes a cuatro años), entorpezcan los medios de transporte afectados al espectáculo (seis meses a tres años) y provoquen una avalancha (uno a tres años).

El proyecto prevé la prohibición de acceso a estadios para quienes cometan delitos en el marco del espectáculo futbolístico y la clausura del estadio cuando se incumpla con la restricción.

Las penas se agravan cuando los delitos previstos sean cometidos en grupo. En caso de que el condenado sea funcionario público, se lo inhabilitará para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Además, incrementa un tercio las penas para delitos como homicidio, robo, lesiones, daños, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad en partidos de fútbol.

El proyecto también establece penas para los miembros de comisiones directivas o subcomisiones de clubes y asociaciones que se hayan enriquecido ilícitamente desde la toma de su cargo y hasta dos años después de cesar su mandato, por sí mismos o a través de testaferros. De demostrarse el delito serán penados con dos a seis años de prisión, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

En el ámbito de las comisiones, el denominado "Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos" obtuvo dictamen de mayoría en Legislación Penal y Deportes.

En paralelo al texto del Ejecutivo, también se analizaron iniciativas de los diputados Daniel Scioli (FpV-PJ), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista), Hugo Marcucci (UCR), Cornelia Schmidt Liermann (PRO), Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), y Julio Solanas (FpV-PJ).

Según los fundamentos, en el espíritu del proyecto de ley “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar.