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El procesamiento de Echegaray, la última novedad de la causa que le costó una condena a Boudou
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El procesamiento de Echegaray, la última novedad de la causa que le costó una condena a Boudou

En principio, la investigación recayó en el juez federal Daniel Rafecas pero al detectarse intercambios de mensajes entre el magistrado y el abogado José María Núñez Carmona, socio de Boudou, resultó apartado de la causa.

Por REDACCIÓN CHUBUT

El procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo contra el ex director de AFIP Ricardo Echegaray, la ex presidenta de la Casa de la Moneda Katya Daura y el banquero Jorge Brito por facilitar maniobras para la compra de la empresa Ciccone Calcográfica fue la última novedad de un caso por el cual el ex vicepresidente Amado Boudou ya recibió una condena.

A mediados de 2010, la AFIP se presentó ante la Justicia parta solicitar la quiebra de la Ciccone por un pasivo fiscal que oscilaba en más de 200 millones de pesos.

Ese año, la empresa London Supply se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos, lo suficiente para levantar la quiebra de Ciccone, a título de una sociedad fantasma denominada "The Old Fund", cuya titularidad estaba a cargo de Alejandro Vandenbroele.

En octubre de ese año, y luego de efectivizarse el pago, la Justicia decretó el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y su nuevo dueño, que obtiene el 70% de la misma, le solicita a la AFIP una moratoria con quita de intereses para saldar su deuda con el fisco.

El entonces jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, evalúa el pedido y pide la intervención del Ministerio de Economía, por esos días a cargo de Boudou, a quien se le pedía que fijara posición en función de la excepcionalidad que tenía el procedimiento.

El jefe de la cartera económica en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace lugar a la solicitud, y Resnick Brenner procede de la misma forma, pero Echegaray, director de la AFIP, rechaza la moratoria pedida por la empresa, al alegar que el procedimiento "debía ajustarse a derecho".

"Pero sin justificación, y en lapso de dos días", tal como lo precisa el fallo de Lijo, Echegaray cambió su opinión y autorizó la operación.

 

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El procesamiento de Echegaray, la última novedad de la causa que le costó una condena a Boudou

En principio, la investigación recayó en el juez federal Daniel Rafecas pero al detectarse intercambios de mensajes entre el magistrado y el abogado José María Núñez Carmona, socio de Boudou, resultó apartado de la causa.

El procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo contra el ex director de AFIP Ricardo Echegaray, la ex presidenta de la Casa de la Moneda Katya Daura y el banquero Jorge Brito por facilitar maniobras para la compra de la empresa Ciccone Calcográfica fue la última novedad de un caso por el cual el ex vicepresidente Amado Boudou ya recibió una condena.

A mediados de 2010, la AFIP se presentó ante la Justicia parta solicitar la quiebra de la Ciccone por un pasivo fiscal que oscilaba en más de 200 millones de pesos.

Ese año, la empresa London Supply se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos, lo suficiente para levantar la quiebra de Ciccone, a título de una sociedad fantasma denominada "The Old Fund", cuya titularidad estaba a cargo de Alejandro Vandenbroele.

En octubre de ese año, y luego de efectivizarse el pago, la Justicia decretó el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y su nuevo dueño, que obtiene el 70% de la misma, le solicita a la AFIP una moratoria con quita de intereses para saldar su deuda con el fisco.

El entonces jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, evalúa el pedido y pide la intervención del Ministerio de Economía, por esos días a cargo de Boudou, a quien se le pedía que fijara posición en función de la excepcionalidad que tenía el procedimiento.

El jefe de la cartera económica en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace lugar a la solicitud, y Resnick Brenner procede de la misma forma, pero Echegaray, director de la AFIP, rechaza la moratoria pedida por la empresa, al alegar que el procedimiento "debía ajustarse a derecho".

"Pero sin justificación, y en lapso de dos días", tal como lo precisa el fallo de Lijo, Echegaray cambió su opinión y autorizó la operación.

 

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