Gremios presentaron amparo contra el censo de empleados públicos

Las dos CTA y varias entidades sindicales presentaron un recurso de amparo en el Juzgado Laboral de Trelew solicitando la suspensión inmediata del censo de empleados públicos del gobierno de Mariano Arcioni, que cierra el próximo 15 de febrero.

El escrito fue acompañado por el defensor del Pueblo, Juan Pablo Simionati. También harán una presentación similar en la Justicia de Esquel. 

La presentación en Trelew estuvo a cargo de los dirigentes Santiago Goodman, Guillermo Quiroga, Claudia Barrionuevo y Tomás Montenegro, entre otros. Según fuentes judiciales, la presentación habría estado mal hecha y podría quedar sin efecto. Los gremios firmantes son Ate, Atech, Sutap, Satsai, Apissys, Soyeap, Sitravich, Sisap y también el Defensor del Pueblo. La medida rige para todos los empleados de la administración pública.

Las entidades confían en que el juez laboral resolverá antes del jueves 15 de febrero, cuando finaliza el censo. Dejaron en claro que el Gobierno provincial «no puede suspender el pago de sueldos a los empleados que no hayan completado el censo». También recalcaron que debe intervenir la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia para cumplir con los requisitos legales.

Los gremios adujeron que el censo provincial «violenta derechos laborales y garantías constitucionales vinculadas con la privacidad de los datos personales». Cuestionan el «formato digital de la encuesta», que podría prestarse a «confusiones en la carga de datos, falsificación de identidad o bien los empleados podrían no tener accesos a estos medios».

Paralelamente, el dirigente de la CTA de los Trabajadores, Tomás Montenegro, anunció que lanzarán el Censo de los Trabajadores, mediante el cual relevarán condiciones laborales en escuelas, hospitales y otros estamentos de la administración pública.

El dirigente de Atech, Santiago Goodman, explicó que en principio el Gobierno provincial «tiene a disposición los datos del personal de la administración pública, y además el formato digital del censo no resguarda las garantías del trabajador que ingresa datos sensibles».  

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