Detuvieron a Diego Correa y otras cuatro personas por presunta asociación ilícita

Correa y su esposa fueron los primeros detenidos en el domicilio de ambos. También Diego Luther, funcionario de la Privada del Gobernador y detenido en su lugar de trabajo.

Las otras dos personas formarían parte de la presunta asociación ilícita. «Se autocompraban» según la Justicia. La investigación comenzó con el llamativo sobre que apareció en Legislatura conteniendo documentación por presuntos sobreprecios en la compra de elementos para la emergencia climática. 

Diego Correa fue un funcionario de gran peso en las gestiones dasnevistas. Pese a estar investigado por los presuntos sobreprecios y hasta por una posible asociación ilícita, el gobernador Mariano Arcioni decidió mantenerlo en el cargo de subsecretario de la Unidad Gobernador. Eso fue hasta ayer, cuando un juez ordenó su detención y la de otras cuatro personas. Se trata de Natalia Mac Leod (esposa de Correa y empleada en la Justicia chubutense); Diego Luther, empleado de la Secretaría Privada de la Gobernación; Sandro Figueroa (apresado en Puerto Madryn) y Juan Carlos Ramón, son los otros cuatro detenidos. 
La investigación, iniciada en diciembre, es un desmembramiento de la causa por presuntos sobreprecios en la compra de elementos por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia y otros puntos de la provincia a comienzos de 2017.
Esos hechos fueron denunciados por los diputados provinciales del FPV, Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, quienes recibieron la documentación del caso en un extraño sobre que fue dejado en la Legislatura, y que más tarde a través de las cámaras de seguridad, se comprobó que había sido llevado por la secretaria de quien por entonces era el ministro Coordinador de la Provincia, Alberto Gilardino. 
Todas las personas detenidas, seguirán en esa condición al menos hasta mañana viernes o el sábado, cuando se realice la audiencia de control. Allí el juez interviniente tomará la decisión de prisión preventiva o dejar en libertad a las personas mientras continúa el trabajo investigativo. 

«ASOCIACION ILICITA»
Luego de recabar información, escuchas telefónicas y la solicitud de documentación, la Justicia determinó -según la manda judicial que ordenó los allanamientos y las detenciones- que «surge una vinculación entre la sociedad Dual Core SRL, el Sr. Correa Diego Miguel y contrataciones directas con el Estado Provincial». La empresa mencionada, presenta el mismo domicilio legal donde residía Correa con su esposa, y fue la que se contrató de manera directa para determinadas compras de parte de la Unidad Gobernador. 
Según la investigación de la Fiscalía, «se desprende que Diego Correa utilizando el cargo que ostenta como subsecretario de la UG con la inmediata colaboración de su secretario, Diego Luther, y la necesaria intervención de Daniela Souza, Sandro Figueroa y Juan Carlos Ramón, quienes aparentemente representan a Dual Core SRL y «Concretando», simulaban concursos de precios para definir una contratación directa que siempre recala en Dual Core SRL, empresa esta que pertenece a Diego Correa y su pareja Natalia Mc Leod, siendo Souza y Figueroa las interpósitas personas que le dan viso de legalidad, podemos afirmar en definitiva que se auto contrataban, apareciendo aquí de manera inequívoca la adecuación típica a las figuras imputadas. Estos es: una Asociación Ilícita (art 210 CP), la que concursa materialmente con Enriquecimiento Ilícito (art. 268), Negociaciones Incompatibles (265) y Fraude a la Administración 174 inc. 5º pública en función del art. 173 inc 7º».
Además los fiscales entienden que «los expedientes anexados al legajo muestran idéntico Modus Operandi para el caso de SEPAT SRL, con la salvedad que en este caso se agrega la intervención de Giuliana Mc Leod, hermana de Natalia...». 

«PELIGRO DE FUGA»
Al solicitar los fiscales al juez que autorice los procedimientos, argumentaron que los investigados «tienen una gran facilidad de salir del país» y que «existe riesgo de fuga». Incluso se creía que Correa y su pareja se aprestaban ayer a tomar un vuelo a Buenos Aires. 
Además advierten que «se da el riesgo de entorpecimiento, pues desde que los imputados tomaron conocimiento de la investigación preliminar, comenzaron una serie de actos destinados a ocultar los objetos provenientes de los ilícitos». 

AUTORIZACION JUDICIAL
A partir de las pesquisas realizadas por la Unidad Fiscal Especializada, los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams lograron la autorización del juez Sergio Piñeda, para realizar los procedimientos en las primeras horas de la mañana de ayer. 
Fueron varios los allanamientos que continuaban hasta ayer por la tarde en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Playa Unión, procediéndose a las cinco detenciones y al secuestro de diversos elementos que se analizarán para observar si están vinculados al caso.
Dejaron en claro los fiscales que las determinaciones se tomaron gracias al trabajo que hace unos tres meses lleva adelante el Equipo Técnico Multidisciplinario en su área contable, que fue la encargada de detectar los presuntos delitos que serán evaluados durante el debido proceso. 
La audiencia de control respectiva, se haría entre viernes o sábado, debido a una solicitud efectuada por los involucrados, ya que han nombrado como defensor a Fabián Gabalachis, quien no se encontraba en la zona.

regionalesedicion-impresa