Legislatura no sesionó por retención de servicios del personal

La Asociación Provincial de Empleados Legislativos (Apel) determinó en una asamblea la retención de servicios por la falta de pago de los sueldos correspondientes a febrero. La medida continuaría hasta que se concrete el depósito de los haberes.


Por ello la segunda sesión del año no pudo realizarse debido al reclamo que lleva adelante el sindicato, que se opone rotundamente al pago escalonado de los sueldos.
Los haberes en Legislatura son elevados, situación que posiciona a los empleados legislatvos en el segundo y tercer escalafón de pago de haberes, programado para el 16 y 23 de marzo. 
Con este panorama, el corrimiento en el vencimiento de los pagos de la tarjeta 365 al 12 de marzo no es suficiente para los agentes del Poder Legislativo, principalmente por las remuneraciones que están encima de los 30.000 pesos.  
Las próximas sesiones serán el 20 y 22 de marzo, pero como la última fecha de pago es el 23 de marzo para aquellos haberes superiores a los $ 50.000, ambos encuentros estarían en riesgo porque Apel no levantaría la medida de fuerza hasta que el total de los empleados de la casa no cobren sus dietas.

RECLAMOS DEL CONSEJO PROVINCIAL POLICIAL
Los integrantes del Consejo Provincial Policial, Carlos Agüero, Daniel Vera y el sargento Claudio López se reunieron con los diputados del bloque Frente Agrupaciones, Leandro Espinosa y Javier Cunha para analizar la situación de los trabajadores de la fuerza y especialmente los recargos de servicios.
Agüero dijo que uno de los temas que los perjudica son los recargos de servicios «porque es anticonstitucional», aunque reconoció que está legislado dentro de la ley I 512 y con un decreto del año 2014 que hace referencia a los sistemas de recargo al policía. 
El planteo del Consejo es que se excluya la palabra recargo, «porque además de las ocho horas de jornada laboral diaria, al empleado policial se le exige que preste servicios cuatro o cinco horas más sin recibir remuneración».
Indicó que esta medida «nos perjudica porque nos obliga a cubrir lugares donde faltan empleados policiales y esto pasa en toda la provincia, por eso creemos que es responsabilidad del Estado cubrir las vacantes, porque de lo contrario lo único que provocan es recargar al empleado con más horas obligadamente sin que se les pague».
Por último, Agüero espera que con las nuevas autoridades se pueda avanzar en estos tópicos, «al igual que en una paritaria», cuyo porcentaje de aumento aún no está definido».

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