Activistas sin techo ocupan departamento atribuido a Lula

Activistas de movimientos sociales que defienden al ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva ocuparon hoy el departamento en el balneario de Guarujá, propiedad de la constructora OAS, por el cual fue condenado a prisión el líder opositor brasileño.

La ocupación duró dos horas y cuarto y el edificio ubicado frente al mar fue desocupado luego de una negociación con la policía del estado de San Pablo, que amenazó con detener a los invasores.

"Si es de Lula es nuestro, Lula es del pueblo", gritaban esta mañana los manifestantes del Frente Brasil Popular, comandado por el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), desde el piso 16, donde está ubicado el departamento por el cual fue condenado el ex presidente.

La ocupación fue realizada por el movimiento social que conduce el precandidato presidencial Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad, amigo personal de Lula.

"La denuncia por la cual fue condenado Lula es una farsa judicial. Si es de Lula, el departamento puede ser ocupado por el pueblo. Si el pueblo no puede estar ahí, que expliquen por qué está preso", dijo Boulos.

La ocupación se realizó en horas de la madrugada en el edificio Solaris, ubicado en la playa de Ensenada, frente al Atlántico.

Con una barreta, 30 de las 100 personas que llegaron al lugar en varios automóviles abrieron el portón del garaje del edificio y subieron 16 pisos por escaleras, en un edificio donde hay gente viviendo.

El departamento en cuestión es el 164 A en el edificio construido por la empresa constructora OAS, que figura como titular del departamento que el juez Sérgio Moro le atribuyó a Lula.

Los cánticos contra el juez Moro también fueron realizados por los activistas de los Sin Techo en una mañana ventosa, gris y con temperatura de 18 grados en Guarujá, una isla ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de San Pablo y vecina al puerto de Santos.

Lula dice que se negó a comprar el departamento que le ofreció otro detenido en la Operación Lava Jato, corruptor confeso, Leo Pinheiro, ex socio de OAS.

El juez Moro reconoció que la titularidad del edificio es de OAS y no de Lula, razón por la cual fue embargado en el marco de la convocatoria de acreedores de la constructora involucrada en el caso Petrolao.

Lula fue condenado por este caso a 12 años y un mes de prisión que comenzó a ser cumplida en la sede de la policía federal en Curitiba, sur del país, el pasado sábado 7.

El ex presidente continúa liderando las encuestas para las elecciones del 7 de octubre y para la segunda vuelta, incluso con una semana en la prisión, aunque su favoritismo se redujo 6 puntos, de 37 a 31%, contra el 15% del segundo mejor ubicado, Jair Bolsonaro, según el instituto Datafolha.

La defensa de Lula se encuentra trabajando en buscar una mayor apertura en el régimen de visitas hacia Lula, al punto que uno de las personalidades mundiales que pidió verlo es el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

El jueves puede ser un día importante para Lula, ya que el juez Marco Aurelio Mello debe decidir si presenta para el resto de sus colegas del Supremo Tribunal Federal el pedido de inconstitucionalidad de la detención para quienes son juzgados en segunda instancia, como el líder del PT.

Esa acción fue movida el año pasad por el diminuto y nacionalista Partido Ecológico Nacional, cuyas autoridades ahora quieren retirar el recurso porque están en contra de que se beneficie a Lula.

"Estamos haciendo de todo para retirar este recurso", dijo Adilson Barroso, presidente de la fuerza identificada con la derecha patriota.

El decano del tribunal, Celso de Mello, defiende la tesis de que una vez presentada una acción de inconstitucionalidad esta no puede ser retirada.

Sin embargo, en el equipo de defensores del ex presidente Lula no existe optimismo: primero, ese recurso debe presentarse, y luego la titular del tribunal, Carmen Lúcia Antunes, decidir si aceptar o no su tratamiento.

La defensa de Lula pidió al juez Sérgio Moro y a la jueza de ejecución penal Carolina Moura que permitan la visita de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El régimen de visitas permite apenas a los abogados de los condenados y un día a sus familiares.

Hoffmann es la vocera política de Lula desde que el sábado 7 se presentó para cumplir su pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción en la superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.

La jueza Moura es la encargada del lugar de detención del ex presidente.

También ella recibió por parte de la alcaldía de Curitiba un pedido de traslado de Lula a raíz de las miles de personas que acampan en las inmediaciones como parte de una vigilia por la libertad del ex gobernante.

Lula sigue favorito en las encuestas y es oficialmente el único plan del PT para participar de las elecciones.

Sin embargo, su situación de condenado en dos instancias choca con la Ley de Ficha Liimpia, pero ese pleito debe ser resuelto a partir del 15 de agosto por la justicia electoral.

El PT pretende inscribir a Lula, incluso en prisión, para poder hacer campaña con su nombre y figura popular.
Es probable que la justicia electoral inhabilite a este candidato y obligue al PT, a tres semanas de la elección, a cambiar el nombre del aspirante presidencial.

Es en ese escenario que aparecen los nombres de los dirigentes del PT Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo, y Jacques Wagner, ex gobernador de Bahía, o la opción de apoyar aliados, como el propio Boulos, la comunista Manuela D'Avila o el laborista Ciro Gomes.