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El FPV propone suspensión del pago de deudas a las firmas constructoras sospechadas en el caso Correa
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El FPV propone suspensión del pago de deudas a las firmas constructoras sospechadas en el caso Correa

Los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour presentaron un proyecto de ley para que suspender todo pago o reconocimiento de deuda por parte de la Provincia del Chubut a las empresas constructoras sospechadas en la causa que investiga retornos de la obra pública.

Por REDACCIÓN CHUBUT

La iniciativa diseñada por diputados del Frente Para la Victoria establece que la suspensión en los pagos se mantendrá hasta que el Poder Judicial adopte las medidas cautelares que impidan la transferencia de fondos a las empresas constructoras involucradas o exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.

SUSPENSION DEL REGISTRO
En la misma dirección, los diputados solicitan que se suspenda en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas a las citadas empresas hasta tanto exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.
Entre los fundamentos, los legisladores expresaron que el proyecto de ley presentado fue motivado por las derivaciones que emergen de la denominada «causa Correa».
Los legisladores señalaron que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal «involucra a empresas inscriptas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut».
El punto neurálgico de la presentación está cimentada en los presuntos aportes de las compañías constructoras a una «caja negra» de la política. 
Explican que hasta tanto el accionar de la Justicia penal pueda adoptar medidas cautelares contra las empresas constructoras, «hace falta el dictado de normas que impidan mayores perjuicios al erario público por lo que le corresponde al Poder Legislativo fijar la política presupuestaria en materia de obra pública».
La iniciativa fue presentada ayer y los autores del proyecto -los mismos que se constituyeron como querellantes en la causa por asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de activos y fraude al Estado- reflejaron su intención de aprobarlo cuanto antes para dejar en «stand by» el pago a las sociedades sospechadas.

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Los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour presentaron un proyecto de ley para que suspender todo pago o reconocimiento de deuda por parte de la Provincia del Chubut a las empresas constructoras sospechadas en la causa que investiga retornos de la obra pública.

La iniciativa diseñada por diputados del Frente Para la Victoria establece que la suspensión en los pagos se mantendrá hasta que el Poder Judicial adopte las medidas cautelares que impidan la transferencia de fondos a las empresas constructoras involucradas o exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.

SUSPENSION DEL REGISTRO
En la misma dirección, los diputados solicitan que se suspenda en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas a las citadas empresas hasta tanto exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.
Entre los fundamentos, los legisladores expresaron que el proyecto de ley presentado fue motivado por las derivaciones que emergen de la denominada «causa Correa».
Los legisladores señalaron que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal «involucra a empresas inscriptas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut».
El punto neurálgico de la presentación está cimentada en los presuntos aportes de las compañías constructoras a una «caja negra» de la política. 
Explican que hasta tanto el accionar de la Justicia penal pueda adoptar medidas cautelares contra las empresas constructoras, «hace falta el dictado de normas que impidan mayores perjuicios al erario público por lo que le corresponde al Poder Legislativo fijar la política presupuestaria en materia de obra pública».
La iniciativa fue presentada ayer y los autores del proyecto -los mismos que se constituyeron como querellantes en la causa por asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de activos y fraude al Estado- reflejaron su intención de aprobarlo cuanto antes para dejar en «stand by» el pago a las sociedades sospechadas.

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