El juicio oral contra José López por enriquecimiento ilícito comenzará el 11 de junio

El juicio oral y público por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López comenzará el 11 de junio, según decidió hoy el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que encabezará el proceso.

La fecha fue confirmada por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega a través de la resolución que firmaron hoy en la que dieron cuenta de cual fue la prueba aceptada para el juicio contra el ex secretario de Estado.

Entre los testigos que serán llamados a brindar testimonio en el juicio se encuentra el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernandez, según consta en la resolución de 26 páginas conocida hoy.

En la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de López, que instruyó el juez Daniel Rafecas, el ex funcionario también fue acusado por la supuesta compra de dos propiedades a través de testaferros. 

Además de López, fueron enviados a juicio su esposa María Amalia Diaz, cuatro empresarios que habrían actuado como testaferros y la hermana Celia Inés Aparicio, en su caso por supuesto encubrimiento de lo ocurrido en el monasterio de General Rodríguez el 14 de junio de 2016.

En la madrugada de ese día, López fue sorprendido y detenido cuando intentaba esconder en el monasterio Nuestra Señora de Fátima en General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares en efectivo y unos 150.000 euros que había mantenido ocultos en su casa de Dique Luján, en Tigre.

López quedó preso luego de un llamado de un vecino al 911 y fue procesado por enriquecimiento ilícito, aunque llegará a juicio sin haber develado el origen de ese dinero, al que sólo se refirió como proveniente "de la política" durante una de sus declaraciones indagatorias.

Rafecas envió a juicio por este episodio a la esposa del ex funcionario María Amalia Díaz y a la religiosa Aparicio, quien quedó procesada por supuesto "encubrimiento" por orden de la Cámara Federal porteña, tras haber aparecido en filmaciones abriendo la puerta del Monasterio y ayudando a López en el ingreso de los bolsos.

Además, el ex funcionario kirchnerista será juzgado también por enriquecimiento a raíz de otros dos hechos que se le imputan: ser el real propietario de dos viviendas en las que figuraba como inquilino y que según dio por probado la Justicia habrían sido compradas a través de empresarios testaferros.

Una de ellas es la casa de Dique Luján, partido de Tigre, donde según el mismo López confesó estuvo oculto el dinero que luego llevó al monasterio.

Esa vivienda era habitada por él y su esposa como supuestos inquilinos, aunque Rafecas lo acusó de ser el propietario y haber usado como testaferro al empresario Andrés Galera hasta el 2010 y luego a Eduardo Gutiérrez, ambos vinculados a adjudicaciones de obra pública durante su gestión.

Por ello Galera y Gutiérrez serán juzgados junto con López y su esposa.

López y Díaz, "pese a figurar como inquilinos participaron y decidieron en el diseño de la construcción de la casa, y efectuaron luego ampliaciones a la misma", advirtió Rafecas en la resolución.

Y además consideró "irrisorio" el alquiler que se pagaba ante la tasación de la propiedad de 200 metros cuadrados, con dos mil metros cuadrados de terreno y muelle propio, valuada en 680.000 dólares.

El tercer hecho que fue a juicio es la compra de un departamento en el piso 13 de un edificio en avenida Las Heras 2032 en Recoleta, por parte de la sociedad "Marketing y Eventos SA", que para el juez Rafecas López usó de "pantalla".

Sus titulares, Carlos Gianni y Marcos Marconi, irán a juicio como supuestos testaferros.

El departamento ubicado en el edificio donde López y su esposa ya tenían otra vivienda, fue comprado por Gianni sin haberlo visitado y de inmediato alquilado a López, con un contrato "prácticamente idéntico" al usado en la renta de la casa de Dique Luján.

El enriquecimiento ilícito tiene una pena de hasta seis años de cárcel y prevé en caso de condena el pago de una multa de hasta el cien por ciento de lo obtenido ilícitamente además de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.