El municipio de Trelew consideró “improcedente” el reclamo tarifario de la Cooperativa

La Municipalidad de Trelew, a través de la Secretaría de Gobierno y la Asesoría Legal, consideró “inviable e improcedente” el reclamo administrativo que presentara la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada a la ciudad, fundamentado en “el incumplimiento de las obligaciones tarifarias”, por parte del Ejecutivo local, sujetos en el contrato de concesión de los servicios públicos. Ante el pedido puntual de actualización de tarifas, el municipio arremetió: “La entidad a cuenta gotas presenta la documentación requerida, lo que imposibilita hacer un estudio adecuado de los costos reales” para resolver sobre el particular. 

Frente al reclamo tarifario, desde el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos afirmaron que “la primera notificación para que la Cooperativa Eléctrica gire la documentación necesaria para comenzar los estudios se realizó en agosto de 2016, reiteramos el pedido en otras oportunidades, pero hasta la fecha no tenemos nada, lo que impide hacer una evaluación seria y responsable”, señaló uno de los directores del organismo, Eduardo Calatayud.

El secretario de Gobierno, Eduardo Maza, declaró que frente a este escenario que “la Cooperativa Eléctrica es la única responsable de que no le cierren los números, si es que ello ocurre” porque “nunca presenta la integridad de los conceptos que el OMRESP necesita para hacer un estudio adecuado” de la situación. Y de este modo, “es imposible para el municipio conocer la estructura real costos” de la entidad.

El funcionario municipal sostuvo que “la preocupación mayor del intendente municipal es que la Cooperativa funcione, tenga un equilibrio entre ingreso y egreso, pero también defendiendo el bolsillo de los usuarios”, razón que requiere un análisis exhaustivo de la información presentada. Sucede con el resto de los servicios concesionados: “Cuando ‘El 22’ o Ashira presentan algún reclamo vinculado al quebranto de la ecuación económica financiera del contrato, presentan un listado de ingresos-egresos, rentabilidad prevista, y hasta el cuadro tarifario que ellos creen conveniente para dar sustentabilidad al servicio. Esas cifras, posteriormente, son analizadas por el OMRESP” y a partir de allí se establecen los montos finales arancelarios, comentó Maza.

El secretario insistió en que  “antes de la decisión del intendente, para dar respuesta a un reclamo y que nos convenza la propuesta, primero toma intervención el OMRESP a partir de una presentación hecha por la concesionaria, en consecuencia lo estudia, da su conclusiones y luego lo analizan los concejales; pero para que esto ocurra hacen falta los números. Y los números no siempre están”.

Dentro de la petición, de acuerdo a lo estudiado por Maza y el asesor Legal municipal, Eduardo Fernández Lubo, las autoridades cooperativistas “hablan de una deuda con Cammesa de más de 400 millones de pesos. Los vecinos –continuó el secretario de Gobierno-, pagan todos los meses a la mayorista, y ven que en los últimos tiempos hubo incrementos en el costo de la boleta que no pasaron por el Concejo Deliberante porque son los aumentos dados tras la quita del subsidio nacional. Entonces, Cooperativa recauda en la actualidad algo más de 30 millones de pesos por mes por el ítem Cammesa; se lo tiene que pagar a la distribuidora, no debería deberle”.

Fernández Lubo, por su parte, explicó en términos legales que la presentación que evalúa la Cooperativa “consiste en un reclamo administrativo, que según establece la Ley de Procedimiento Administrativo, es previo a una eventual acción judicial, que entendemos en este caso sería manifiestamente improcedente”. 

Uno de los directores del OMRESP, Eduardo Calatayud, recordó que la primera notificación a Cooperativa donde se estableció la documentación requerida data del 9 de agosto de 2016. El planteo se reiteró en octubre, pero “la prestataria no acercó ni la información, ni la totalidad de la documentación necesaria”.

“En septiembre de 2017 –agregó-, comunicamos al Ejecutivo local que la Cooperativa venía incumpliendo con la documentación, y tras ese inconveniente se aprueba la aplicación de la Tarifa de Referencia provincial, y le damos de baja al estudio efectuado por la prestataria en aquel momento. En noviembre de ese mismo año solicitamos nuevamente a la prestataria de los servicios públicos documentación para actualizar los costos operativos, y al día de la fecha no se cumplió con lo requerido, lo que nos impide hacer un estudio serio y responsable de la cuestión”. 

Un dato no menor es que “la Cooperativa tampoco aporta los cuadros tarifarios que necesita, siempre aceptó las tarifas que estableció el OMRESP”, concluyó Calatayud.