Regionales

Los roles de los imputados en la hipótesis de los fiscales

En la hipótesis que manejan los fiscales de la Unidad Anticorrupción y que expusieron en la maratónica audiencia de ayer, los ex funcionarios provinciales habrían conformado una asociación ilícita con el fin de hacerse de dineros del Estado a través de retornos de la obra pública. Para ello, siempre en la teoría del Ministerio Público Fiscal, requerían los aportes de las constructoras a la «caja negra de la política». 

por REDACCIÓN CHUBUT 25/05/2018 - 01.04.hs

«Tanto Víctor Cisterna (como ministro coordinador), Gonzalo Carpintero (como secretario privado del Gobernador), Diego Correa (desde la Unidad Gobernador) y Pablo Oca (en el Ministerio de Economía), decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal», expusieron los fiscales. 
En el planteo de un supuesto accionar delictivo organizado, entendieron los fiscales que los entonces funcionarios «acordaron que sería Cisterna quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la «base imponible», ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias)».
Según esa hipótesis, cumplida la labor de Cisterna «comenzaba la gestión de Oca, quien luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quiénes pagar y a quiénes no». 
«En tanto Carpintero -continuaron los fiscales- se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal».
En esa gestión que los investigadores le atribuyen a Correa, se incluia «realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demanden el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos».
En el caso de los empresarios, los fiscales no sólo los señalan como aportantes a la «caja negra de la política», sino que en los casos puntuales de Patricio Musante y de Federico Piccione, los señalan como encargados de asegurar los aportes, el primero en el Valle y el segundo en Comodoro Rivadavia. 
 

 

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