"La Revelación": Para los fiscales hubo una asociación ilícita "con el aval de Das Neves"

Maratónica, desgastante e impactante por algunos pormenores expuestos fue la audiencia de control de detención y apertura de investigación por la causa «La Revelación». Comenzó ayer pasadas las 9 de la mañana en la sala de audiencias  del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, y concluyó después de la medianoche -tras un receso de casi dos horas- con la resolución del juez Sergio Piñeda. 
El magistrado, atendiendo el pedido de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, resolvió dictar la prisión preventiva por seis meses para los ex funcionarios provinciales provinciales imputados por «asociación ilícita»: Víctor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero. Además se formularon cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito. También están incluidos el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa; y el ex funcionario de la Secretaría Privada, Diego Luters, quienes ya cumplen con prisión preventiva por la causa «Embrujo». 
Además, a los empresarios Patricio Musante (de la firma Sudelco y presidente de la Cámara de la Construcción), Andrés Ninin (periodista vinculado a Canal 9 de Comodoro Rivadavia) y Federico Piccione también se les dictó seis meses de preventiva. 
Para los empresarios Esteban Torraca, Juan Salaberry, Oscar Peña y Daniel Ruso el juez dispuso el arresto domiciliario por tres meses, mientras que otorgó la inmediata libertad al empresario Juan Carlos Villegas, atento a que su situación no fue mencionada en la instancia previa.
En una prolongada audiencia, los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez, imputaron a los detenidos de conformar una «asociación ilícita» dedicada a cometer delitos desde el Gobierno: «Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima», afirmó el fiscal Nápoli. Y sostuvo que «nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes».
Incluso, llegó a sostener que «Cisterna, Oca, Carpintero y Correa actuaron con el aval de (el gobernador Mario) Das Neves». 

ASOCIACION ILICITA
Los delitos que se les imputa son los de «asociación ilícita» en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años. Cisterna, Oca, Correa y Carpintero fueron considerados como jefes de esa organización, por lo que pueden ser castigado hasta con 15 años de encierro, según la calificación escogida por los integrantes de la Unidad. A Carpintero además los fiscales le imputaron la figura legal de «enriquecimiento ilícito».
Para los fiscales «existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Mario Das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente».
Detallaron además que el principal objeto era recaudar dinero de «retornos» de la obra pública que pagaban las constructoras correspondientes a certificados de obra conformados, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas. «Los cobros se hacían en las empresas, en el Gobierno o en las oficinas del partido Chubut Somos Todos», indicó el fiscal Nápoli.
«Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luters», afirmaron en la audiencia.

EMPRESARIOS
Los empresarios «tienen un papel preponderante pues sin su aporte no habría, desde ya, pago de coima alguno ni sobresueldos que repartir», sostuvieron los fiscales y afirman cuando no se pagaba en efectivo se entregaban cheques que «se hacían por sumas inferiores a los $50.000, fraccionamiento que es de uso corriente en operaciones que intentan mantenerse fuera del contralor de organismo impositivos (AFIP)».

EL MEMORANDUM DE DAS NEVES
De la descripción de los hechos que realizaron los investigadores durante la audiencia, se dio cuenta de una decisión adoptada a nombre del por entonces gobernador Das Neves, donde se centraliza en Correa la autorización de todo tipo de contrato que realice el Estado provincial. La resolución es del 28 de enero del año 2016 cuando Correa era subsecretario de la Unidad Gobernador.
En un allanamiento realizado en la casa de gobierno de Fontana 50, se secuestró un documento titulado «Memorándum Circular» que está fechado ese día. El mismo está dirigido a ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y al jefe de la Policía del Chubut.
Para los fiscales, «este documento también nos impone y desconocerlo sería absurdo, que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal», aseguran los fiscales.