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El Gobierno no rescindirá contratos con las empresas investigadas por corrupción
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El Gobierno no rescindirá contratos con las empresas investigadas por corrupción

Una decena de empresarios del ámbito de la construcción están con prisión domiciliaria por su presunta participación en hechos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno provincial sostendrá los contratos que los vinculan a la obra pública.

Por REDACCIÓN CHUBUT

La decisión se adoptó pese a que la Justicia no determinó aún si los trabajos adjudicados a esas empresas incluían sobreprecios para financiar la «caja negra de la política». 
Según indicó el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, se acordó desde el Gobierno no rescindirles contratos a las empresas cuyos titulares están siendo investigados en la causa «La Revelación». 
El argumento esgrimido por el ministro tiene que ver con que priorizarán los puestos de trabajo, aunque los responsables de las empresas estén sospechados de cohecho, según dijo Chicala en declaraciones al portal ADN Sur. 
Cabe recordar que hay varios empresarios de la construcción que están cumpliendo con prisión preventiva por su presunta participación en la causa que investiga el pago de coimas a funcionarios para hacerse de obras públicas en Chubut. Se trata de Patricio Musante, Esteban Torraca, Daniel Ruso, Juan Salaberry, Federico Piccione y Oscar Peña, mientras que Juan Carlos Villegas también es investigado pero no cumple con prisión preventiva. 

SIN NUEVAS LICITACIONES
En cuanto a las obras públicas en la provincia, Chicala informó que «por ahora no hicimos ninguna licitación de obras nuevas de las que están dentro del presupuesto. Estamos tratando de continuar lo que se está haciendo, de tal forma de mantener la fuente laboral de la gente, pero no queremos ningún impacto social de ninguno de los sectores. Hablamos con todas las empresas y están acompañando para mantener esa fuente de trabajo».
Confirmó al portal comodorense que esto incluye a las empresas investigadas. «El problema de los apoderados es de ellos y eso lo investiga la Justicia. Seguimos con las empresas que lo están ejecutando, seguimos trabajando bien y de acuerdo al programa previsto. Por ahora la Justicia no nos hizo ningún requerimiento y todo lo que nos piden se lo damos», justificó el ministro.

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El Gobierno no rescindirá contratos con las empresas investigadas por corrupción

Una decena de empresarios del ámbito de la construcción están con prisión domiciliaria por su presunta participación en hechos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno provincial sostendrá los contratos que los vinculan a la obra pública.

La decisión se adoptó pese a que la Justicia no determinó aún si los trabajos adjudicados a esas empresas incluían sobreprecios para financiar la «caja negra de la política». 
Según indicó el ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, se acordó desde el Gobierno no rescindirles contratos a las empresas cuyos titulares están siendo investigados en la causa «La Revelación». 
El argumento esgrimido por el ministro tiene que ver con que priorizarán los puestos de trabajo, aunque los responsables de las empresas estén sospechados de cohecho, según dijo Chicala en declaraciones al portal ADN Sur. 
Cabe recordar que hay varios empresarios de la construcción que están cumpliendo con prisión preventiva por su presunta participación en la causa que investiga el pago de coimas a funcionarios para hacerse de obras públicas en Chubut. Se trata de Patricio Musante, Esteban Torraca, Daniel Ruso, Juan Salaberry, Federico Piccione y Oscar Peña, mientras que Juan Carlos Villegas también es investigado pero no cumple con prisión preventiva. 

SIN NUEVAS LICITACIONES
En cuanto a las obras públicas en la provincia, Chicala informó que «por ahora no hicimos ninguna licitación de obras nuevas de las que están dentro del presupuesto. Estamos tratando de continuar lo que se está haciendo, de tal forma de mantener la fuente laboral de la gente, pero no queremos ningún impacto social de ninguno de los sectores. Hablamos con todas las empresas y están acompañando para mantener esa fuente de trabajo».
Confirmó al portal comodorense que esto incluye a las empresas investigadas. «El problema de los apoderados es de ellos y eso lo investiga la Justicia. Seguimos con las empresas que lo están ejecutando, seguimos trabajando bien y de acuerdo al programa previsto. Por ahora la Justicia no nos hizo ningún requerimiento y todo lo que nos piden se lo damos», justificó el ministro.

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