Jueves 23 de Marzo de 2017, Chubut, Patagonia Argentina
Regionales|Por Luis López Salaberry
La Asamblea del XIII y los poderes del Estado
14 Mar 2017 00:00Uno de los acontecimientos menos recordados, en comparación con los dos actos de la independencia, mayo de 1810 y julio de 1816 de nuestro país, debe ser la Asamblea del Año XIII, celebrada por las Provincias Unidas en un momento del proceso revolucionario extremadamente conflictivo.

 Presidida por Carlos De Alvear, no hay duda que reafirmó los pensamientos republicanos, y legisló de una manera tan audaz que, eliminando la esclavitud, también eliminó todo título de nobleza y honores que pudieran diferenciar a quienes se consideraban libres y levantaban las banderas de la revolución francesa del siglo anterior.

Deberían pasar muchos años para institucionalizar esos postulados y pasar mucha agua bajo el puente. En definitiva, se impusieron las ideas de Alberdi y tuvimos una Constitución que selló el futuro bajo el régimen republicano, representativo y federal. Aquel olvido no creo que sea casual. Es difícil tener ciudadanos que puedan ser gobernados y gobernar, según la clásica definición de Aristóteles, si no se educa sobre la cosa pública, su origen y sus fines, esa falta de educación probablemente sea el motivo de la corrupción en el manejo de los asuntos del Estado y la asombrosa pasividad en su conocimiento, y aceptación en muchos casos, por sectores de la sociedad. Pero retornando a la Constitución, que estableció y diferenció las funciones del Estado en tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay que señalar que fijó límites, obligaciones y derechos, para los integrantes, funcionarios, y en general para todos los que quisieran habitar el suelo argentino. De esa forma se marcó el concepto de libertad y de igualdad ante la ley.

Si interpretamos la Constitución, conculcando esos derechos o dictamos leyes que se opongan a su contenido, es evidente que no solamente nos ubicaremos en un plano preconstitucional, en lo institucional. Además, tiraremos al abismo las ideas de los patriotas del año 1813.

Esta situación me obliga a hacer una reflexión respecto de los poderes del Estado, entre ellos el Judicial, porque no solamente en el ámbito de nuestra provincia sino también en el nacional, nos encontramos con una serie de respuestas que obligarían a un debate o mayores opiniones para mejorar el sistema y darle el encuadre constitucional respectivo de una manera estricta. En el último tiempo han sido muy interesantes algunas posturas para entender que algo no está bien delineado. Hemos observado cómo en el Poder Judicial las causas no se activan, ni se cumple con los plazos, en especial cuando deben ser analizadas las conductas de los funcionarios de otros poderes que actúan en forma simultánea; que la interpretación del concepto y existencia de fueros inhabilita la culminación de los procesos; que los jueces se consideran acreedores del Estado cuando discuten temas salariales y se inhiben de intervenir en causas contra el Estado; que las ferias judiciales importan un verdadero estado vacacional, propio de los alumnos de las escuelas, cuando la realidad desmiente tal pretensión por la continuidad de los conflictos e intereses de la comunidad que no se toma vacaciones y, entre otras cosas, distintas interpretaciones del Código Procesal Penal y un régimen de licencias que se encuentra prácticamente cerrado y bloqueado para el conocimiento de las partes en cualquier proceso, y que conspira directamente con una correcta administración de justicia.

Estos temas, que por su importancia no pueden ser tratados livianamente, obligan a una reflexión interna pero también a que se adopten los caminos institucionales para adecuar los poderes del Estado a su cauce, y no con meras anécdotas, que pueden servir como ejemplos pero que no desnudan la gravedad del problema.

Es de destacar que el Poder Judicial tiene incorporada una cultura, que se ha basado en la inamovilidad de los magistrados y funcionarios, salvo cuando se dan los elementos para el juicio político o prosperan las denuncias por mal desempeño o desconocimiento del derecho. Pero descontando sentencias dictadas en el transcurso de la democracia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó o iluminó fallos sobre los derechos humanos, en muchos casos jueces y funcionarios no tuvieron ningún reparo de jurar por el estatuto de la revolución en la dictadura militar. Lamentablemente, entiendo, esta ambivalencia ha permitido formar el espíritu corporativo que tiene como sostén intercambiar los roles dentro del propio poder, quitando de esa forma la independencia en las respectivas funciones. Funciones que no pueden generar dudas, no sólo para aquéllos que claman por justicia, sino para una democracia que, asegurando los deberes y derechos de todos, permita mejorar la institucionalidad.