De aquellos abusos patronales a estos abusos del sindicalismo

En 1946, cuando el entonces coronel Juan Domingo Perón asumía el primer gobierno del país por la abrumadora decisión de sus conciudadanos, esos abusos pasaron a ser un recuerdo y los trabajadores vivieron un momento excepcional porque, además de la plena ocupación, habían logrado derechos que hasta ese momento se les había negado. Pero, el constante azuzamiento del enfrentamiento entre las partes, generalmente protagonizado por los sectores de la izquierda, que ha hecho de la violencia y la agitación popular las razones de su existencia, ha sido el factor determinante para que la armonización de los intereses de empleados y empleadores siga aún siendo una materia pendiente.

Lamentablemente, la corrupción que desde hace tiempo se ha instalado en el país y a la cual el matrimonio Kirchner-Fernández ha impulsado con singular dedicación y entusiasmo en sus doce años de estancia en la Casa Rosada, también ha llegado al sindicalismo, que ya tiene en las cárceles a algunos de sus representantes a los que no les resulta fácil explicar la enorme riqueza que han acumulado. La armonización en las relaciones entre la patronal y los trabajadores es posible cuando ambos sectores cumplen con sus obligaciones. Y en el país están dadas las condiciones para que así sea.

La legislación laboral existente ha establecido las herramientas necesarias para encuadrarlas en un marco de recíproco respeto, pero cuando la demagogia y las ambiciones personales, no siempre honestas de sus dirigentes imperan, es natural que sus bondades se desvirtúen y se conviertan en un obstáculo para la creación de nuevas fuentes de trabajo. Y crear fuentes de trabajo es de imperiosa necesidad. Adecuar la legislación laboral a las reales necesidades del país, puede y debe hacerse sin menoscabo de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Pero en estos momentos, asumir esa tarea es de vital importancia para consolidar el progreso del país, en lo que está empeñado el actual gobierno, al que le está costando mucho convencer a empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan en la construcción de las grandes obras, que no se podrán realizar si antes no se entablan las lógicas garantías que reclaman.