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El tren patagónico se viene acercando
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El tren patagónico se viene acercando

Sí, no hay duda alguna. Ya se observa la punta de los rieles que se encuentran asomando a nuestra provincia. Estos rieles paralelos, cuya nitidez es evidente por su exteriorización, no nos permiten pensar en otra cosa.

Luis López Salaberry

La metáfora, que algún día podría ser realidad, esto de la llegada del tren, nos genera pensamientos que es necesario transformarlos en palabras para poder admitir, con crudeza y tranquilidad, nuestra realidad. 
Hoy estamos viviendo en una provincia al garete. Es notable como esas puntas de rieles están indicando la subjetividad de muchos. Por un lado es cierta la ambición, este deseo ardiente de conseguir poder, quizá riquezas, quizá dignidades o fama, como al concepto lo define la Real Academia Española; por el otro la mezquindad, esto es el regateo, el escatimar el esfuerzo, que hasta permite por su concepto hablar de falto de nobleza de espíritu.
Frente a todo ello hay que poner la situación en contexto. Primero una provincia gobernada siguiendo, según las manifestaciones del propio Gobernador, dentro del mismo proyecto del gobernador fallecido. En esta provincia, según las palabras e ideas del jefe de Gabinete, y negada por muchos ministros, estamos peor que la provincia de Santa Cruz. Segundo, una provincia que se resiste a tomar un rumbo acordado con el Gobierno nacional. En este sentido no solamente se ha determinado que no se concuerda con el llamado «acuerdo ciudadano» propuesto, pero admitido que puede ser discutido por cualquier ciudadano, y que la dirigencia política analiza como si habitara una nube, desde donde puede analizar los caminos que permitirían a varios conducir el poder. En el medio, prácticamente a una semana de tener que pagar los sueldos del mes de diciembre a los estatales, no se sabe cómo conseguir los fondos para honrar las obligaciones que también se tienen para los acreedores y proveedores del Estado.
La Provincia pierde sus patrimonios, no paga sus deudas y ni siquiera efectúa un programa para que, homologado, pueda continuar hacia adelante. Esto en una empresa privada se llamaría estado de quiebra, pero seguramente con responsables que hasta podrían ir a prisión, lo que no ocurre en el Estado, donde cualquiera se considera buen administrador y, en última instancia, se va pancho para su casa sin que nadie le recuerde sus obligaciones, o le haga pagar las consecuencias de sus negligencias o impericias.
Dicen por allí que para muestra a veces sólo hace falta un botón. Es posible que lo podamos encontrar en alguna sentencia del Superior Tribunal de Justicia, dejando de lado aquellas mal dictadas con procedimientos informales que parece que sólo sus miembros conocen. No hace muchos días atrás nos hemos enterado de que el Superior Tribunal de Justicia ha establecido la imposibilidad de adoptar una medida cautelar contra el Estado Provincial por efecto de la ley de emergencia económica. Es de destacar que ésta está próxima a vencer y que, en el caso que ello ocurriera, miles de millones de pesos se encolumnarían para entablar los embargos. Pero retornando a la sentencia a la que me refiero, y que tomó estado público, con buen criterio el alto tribunal estableció que no existen privilegios para nadie. Entre ellos, una señora de edad avanzada que pretendía cobrar lo que se le adeudaba. En buen romance le dijo que esperara hasta que la ley agotara su plazo. Esta imperativa sentencia me hizo recordar a todos aquellos embargos que el propio Poder Judicial a través de sus jueces le había en su momento trabado los fondos con medidas cautelares al Estado, obligando a que se tratara de recomponer un salario y se cumplieran compromisos, con antecedentes no debidamente analizados y que por sus características permitirían su reconsideración. ¿No era que la palabra privilegios no se encontraba en la ley? 
La confusión es tal que hasta hay quien afirma que no importa cumplir con la ley. Que no importa el veto del Ejecutivo y que los municipios podrían afectar fondos para gastos corrientes. Esta apreciación, que tiene una lógica extraña a los principios constitucionales, bien podría ser subsanada, si así se entendiera, por la eliminación del veto, un día considerado como de buena administración en función a la causa que diera origen al endeudamiento. Pero en esta situación todo parece posible. Lo cierto es que el tren tiene que llegar y será ese día que se demuestre que tanto cuando llegue como cuando regrese sea para el bien de todos y no para aumentar, románticamente, aún más el gasto público.
 

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El tren patagónico se viene acercando

Sí, no hay duda alguna. Ya se observa la punta de los rieles que se encuentran asomando a nuestra provincia. Estos rieles paralelos, cuya nitidez es evidente por su exteriorización, no nos permiten pensar en otra cosa.

La metáfora, que algún día podría ser realidad, esto de la llegada del tren, nos genera pensamientos que es necesario transformarlos en palabras para poder admitir, con crudeza y tranquilidad, nuestra realidad. 
Hoy estamos viviendo en una provincia al garete. Es notable como esas puntas de rieles están indicando la subjetividad de muchos. Por un lado es cierta la ambición, este deseo ardiente de conseguir poder, quizá riquezas, quizá dignidades o fama, como al concepto lo define la Real Academia Española; por el otro la mezquindad, esto es el regateo, el escatimar el esfuerzo, que hasta permite por su concepto hablar de falto de nobleza de espíritu.
Frente a todo ello hay que poner la situación en contexto. Primero una provincia gobernada siguiendo, según las manifestaciones del propio Gobernador, dentro del mismo proyecto del gobernador fallecido. En esta provincia, según las palabras e ideas del jefe de Gabinete, y negada por muchos ministros, estamos peor que la provincia de Santa Cruz. Segundo, una provincia que se resiste a tomar un rumbo acordado con el Gobierno nacional. En este sentido no solamente se ha determinado que no se concuerda con el llamado «acuerdo ciudadano» propuesto, pero admitido que puede ser discutido por cualquier ciudadano, y que la dirigencia política analiza como si habitara una nube, desde donde puede analizar los caminos que permitirían a varios conducir el poder. En el medio, prácticamente a una semana de tener que pagar los sueldos del mes de diciembre a los estatales, no se sabe cómo conseguir los fondos para honrar las obligaciones que también se tienen para los acreedores y proveedores del Estado.
La Provincia pierde sus patrimonios, no paga sus deudas y ni siquiera efectúa un programa para que, homologado, pueda continuar hacia adelante. Esto en una empresa privada se llamaría estado de quiebra, pero seguramente con responsables que hasta podrían ir a prisión, lo que no ocurre en el Estado, donde cualquiera se considera buen administrador y, en última instancia, se va pancho para su casa sin que nadie le recuerde sus obligaciones, o le haga pagar las consecuencias de sus negligencias o impericias.
Dicen por allí que para muestra a veces sólo hace falta un botón. Es posible que lo podamos encontrar en alguna sentencia del Superior Tribunal de Justicia, dejando de lado aquellas mal dictadas con procedimientos informales que parece que sólo sus miembros conocen. No hace muchos días atrás nos hemos enterado de que el Superior Tribunal de Justicia ha establecido la imposibilidad de adoptar una medida cautelar contra el Estado Provincial por efecto de la ley de emergencia económica. Es de destacar que ésta está próxima a vencer y que, en el caso que ello ocurriera, miles de millones de pesos se encolumnarían para entablar los embargos. Pero retornando a la sentencia a la que me refiero, y que tomó estado público, con buen criterio el alto tribunal estableció que no existen privilegios para nadie. Entre ellos, una señora de edad avanzada que pretendía cobrar lo que se le adeudaba. En buen romance le dijo que esperara hasta que la ley agotara su plazo. Esta imperativa sentencia me hizo recordar a todos aquellos embargos que el propio Poder Judicial a través de sus jueces le había en su momento trabado los fondos con medidas cautelares al Estado, obligando a que se tratara de recomponer un salario y se cumplieran compromisos, con antecedentes no debidamente analizados y que por sus características permitirían su reconsideración. ¿No era que la palabra privilegios no se encontraba en la ley? 
La confusión es tal que hasta hay quien afirma que no importa cumplir con la ley. Que no importa el veto del Ejecutivo y que los municipios podrían afectar fondos para gastos corrientes. Esta apreciación, que tiene una lógica extraña a los principios constitucionales, bien podría ser subsanada, si así se entendiera, por la eliminación del veto, un día considerado como de buena administración en función a la causa que diera origen al endeudamiento. Pero en esta situación todo parece posible. Lo cierto es que el tren tiene que llegar y será ese día que se demuestre que tanto cuando llegue como cuando regrese sea para el bien de todos y no para aumentar, románticamente, aún más el gasto público.
 

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