Regionales

El juicio por jurados ¿mejora la justicia?

Yo creo que no. Pero me parece muy importante que se conozcan los detalles de un proyecto de ley para que la ciudadanía en su conjunto reflexione sobre el tema y pueda sacar sus propias conclusiones.

En primer lugar creo que hay un problema de orden constitucional, de la Constitución Nacional, que le impide a las provincias legislar sobre los juicios por jurados. Pero teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos una corriente de opinión que entiende que es legítima tal legislación, pese a que se corre el riesgo de desintegrar aún más al país, tenemos que analizar qué beneficios o contratiempos se pueden derivar. Entonces la pregunta sería ¿El juicio por jurados mejoraría la administración de justicia o por el otro lado empeoraría sus resultados? Los que están a favor del juicio por jurados la sostienen por cuanto dicen que «es una cuestión política» y en consecuencia está empapada de cuestiones ideológicas. Pero veamos cómo se aplica en la vida real empezando desde su principio. ¿Quienes son los posibles jurados? Los jurados son los ciudadanos de las circunscripciones judiciales elegidos por sorteo, con la base del padrón electoral de la Provincia del Chubut, que en el mes de noviembre de cada año deberán notificarse que han sido designados para desempeñarse como jurado durante el año calendario siguiente.

 

Luego vienen las excusaciones que cada uno deberá hacer, por cuanto existen incompatibilidades para el cargo, pero la base de todo es que el ciudadano sepa leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional y tener muy en cuenta que su tarea es una carga pública y que no puede haber excusa para nadie por motivo trivial, ni por inconveniencias o molestias en sus negocios, sino exclusivamente en caso de que corriere peligro de grave daño o ruina de su propiedad. Pero si las personas que resulten designadas para integrar un jurado, y en forma maliciosa se nieguen a comparecer a la audiencia de debate, luego de ser apercibidas se les podrá aplicar una multa que en ningún caso podrá ser inferior al sueldo básico del juez del juicio. ¿Y si el elegido es un desocupado? Aquí podríamos hacer una primera reflexión. Si alguien tiene la suerte de ser sorteado, y conformar por el azar la representación de la soberanía popular, tiene la obligación de abandonar todo lo suyo y seguir al Estado en búsqueda de justicia.

 

En una provincia como la nuestra de tanta extensión geográfica y muy poca población que pueda integrar el jurado, por la cantidad de funcionarios públicos, políticos, abogados, escribanos, dependientes de la Universidad en temas jurídicos etc. etc. bien podría ocurrir que alguien muy alejado de la sede de la administración de justicia tenga que dejar a la distancia sus negocios o sus propiedades para concurrir a ejercer una actividad para la que nadie lo preparó. Un muy importante doctrinario del Derecho, y lo remarco y lo creo, el Derecho es una ciencia, sostenía que el jurado es una institución regresiva, porque observaba que mientras en la vida ordinaria cada uno de nosotros pide al trabajador el trabajo que es capaz de ofrecer, la institución del jurado pretende que la justicia sea administrada por todos, cualquiera que sea la materia de su especialidad y así sean llamados a ver, por primera vez, un proceso penal.

 

Pero volvamos a aquél que tiene que ser jurado. No solamente tiene que abandonar todo lo suyo en una época de gran inseguridad y de situaciones económicas desfavorables para la mayoría, donde los plazos no se detienen para vencimientos, pagos, u obligaciones para con el mismo Estado con cronogramas establecidos, por ejemplo. Pero hay más: aquéllos que sean empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales como si hubieran prestado servicios durante ese lapso. Como el azar es tan impredecible ¿se imaginan ustedes si por ventura a algún empleador le tocara que más de uno de sus dependientes han salido «beneficiados» por el sorteo? Evidentemente se le generaría un grave problema. Pero más problemas se le generarían al Estado Provincial, en definitiva a nosotros, por cuanto existirían cuestiones simples y sencillas de entender como la económica y la edilicia.

 

Una provincia como la nuestra, que se está endeudando en dólares por el estado deficitario de sus cuentas públicas debería aumentar el presupuesto del Poder Judicial que, pese a que algunos dirían que no sería significativo teniendo en cuenta el presupuesto provincial, sí o sí sería un aumento. Y en nuestra circunscripción miremos al cielo para que las aguas no bajen turbias. ¿Y el edilicio? Ningún edificio de tribunales está preparado para contemplar salas de audiencias para albergar a tanta gente. Debería existir un reacomodamiento de todos los edificios, lo que no parecería prioritario frente a las carencias para cuestiones básicas que tenemos los chubutenses. ¿SERA JUSTICIA? 
 

 

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