Retornar a la Constitución por la salud republicana

Fueron muchos los intentos y las realizaciones de quiebre constitucional que hemos tenido y que seguramente han contribuido a que siempre demos vuelta, como una noria, sobre los mismos problemas. La realidad nos impone que tengamos mucho cuidado en alentar cualquier intento desestabilizador, y ese intento, consciente o inconscientemente, se da cuando no apreciamos los mandatos constitucionales. No sólo ellos nos determinan los períodos de gobierno y la capacidad de su modificación en forma razonada y ordenada, sino también que en esa forma de gobierno se encuentran los pesos y los contrapesos para el correcto funcionamiento de los distintos poderes de los que se nutre la República. El que no guste un programa de gobierno, que se lo pueda criticar y discutir, porque pueda afectar a sectores de mayor vulnerabilidad, que requieran una más enérgica actividad para superar los inconvenientes, no impide la tolerancia y el respeto por la ley. El propio Gobernador de la provincia ha hecho referencia a esta tendencia a la hipocresía de sectores de poder que no advierten el daño que se le realiza a las instituciones cuando se ponen intereses personales por encima de los intereses del conjunto, del que precisamente nos habla e indica la Constitución. Ya llegará el momento de las candidaturas y el mensaje de los programas, como también aquellos otros donde los sectores interesados podrán cumplir con sus funciones. Pero hasta ese momento debe imponerse la Constitución e imponerse la ley y aquél que intente violarla o la viole deberá dar cuenta de los actos que realiza.
El mes de octubre es históricamente un mes muy particular para nuestra provincia. En el mes de octubre del año 1957 se reunía por primera vez la Comisión Redactora de la H. Convención Constituyente bajo la presidencia del Dr. Jorge J. Galina, siendo el secretario Eduardo Kitaigrodzki, encontrándose como convencionales, entre otros, Alberto De Bernardi, Angel Gargalione, Roque González, Nino Mónaco, Ildenfonso Scuffi, Diógenes Varela Díaz, Ariel Williams, Diego Zamit, Félix Angulo, Manuel Garasino y Carlos Ibarra. Precisamente uno de ellos propuso que las reuniones fueran públicas, por el principio mismo de la democracia, que es el elemento constitutivo de la Asamblea, y por otra, en base a la representación de los poderes delegados por el mismo pueblo. La Asamblea tenía que ser pública y lo que allí se dijera pudiera ser informado a todos los ámbitos del país, sin ninguna reticencia. La propuesta se votó y fue aprobada por unanimidad. Es de destacar que esta Constitución luego de los golpes militares y la incorporación continental y mundial de nuevos derechos, fue reformada y aumentada en sus disposiciones por la reforma del año 1994 que también siguió los lineamientos de la reforma nacional. Esta nueva Constitución, más detallista y con mandas más imperativas para la legislación posterior, no obstante, dejó en muchos de sus artículos la letra y la interpretación que los constituyentes de 1957 le habían dado a nuestra Carta Magna. Sobre ella han jurado gobernadores, legisladores, jueces y cuanto funcionario de rango ha sido designado para ocupar un lugar en la cosa pública y, es de destacar, que también sobre ella se la ha pisoteado en varias oportunidades, no solamente jurando por otros estatutos, sino considerando letra muerta específicas obligaciones o derechos. Ha sido históricamente, y actualmente riesgoso, cómo organismos que deben ser los custodios de aquella voluntad de la soberanía del pueblo hayan mantenido un silencio cómplice que no hace más que avalar actitudes que luego tienen un alto costo para la vida en sociedad que requiere seguridad jurídica. El avalar a los inescrupulosos que pretenden hacer creer que el fin justifica los medios es no haber aprendido de la experiencia que los argentinos tenemos. Se impone actuar con responsabilidad y seriedad frente a tales acciones, salvo que pretendamos cualquier cosa y sufrir las consecuencias.