Regionales

Las mentiras y el delito: las causas de la crisis

En nuestra provincia ha explotado la realidad. Era una cuestión lógica que más tarde o más temprano iba a ocurrir. Hace mucho tiempo que hemos advertido que esta situación iba a golpear descarnadamente a toda la población, porque somos una provincia que depende directa o indirectamente del comportamiento del Estado.

Desde el punto de vista objetivo se ha llegado a una situación crítica que prácticamente lo ha puesto al borde del abismo. En términos claros tenemos una provincia quebrada. Pero la explosión es una foto y sería muy injusto analizar solamente esa exposición sin tener en cuenta todos los antecedentes que la conforman.
 En Chubut ha existido un relato que se ha transmitido a la sociedad desde varios períodos de gobierno. Los funcionarios de turno, no solamente mentían en sus manifestaciones, sino que utilizaban los fondos del Estado en forma populista y demagógica amparados en la falta de control de los organismos institucionales, y aún más, sin la intervención de la Justicia, pese a que existían maniobras evidentes de un manejo no solo discrecional sino con características que denotaban la sospecha de comisión de delitos de acción pública. La proclividad a dictar sobreseimientos en forma rápida en delitos contra la administración, seguramente para no ofender al gobernante de turno, es uno de los datos claves para entender la impunidad.
La espectacularidad de los procedimientos de los últimos tiempos, frente a datos imposibles de obviar, hace dudar no obstante de las verdaderas intenciones en la búsqueda de las reales fuentes del enriquecimiento exponencial de tantos funcionarios públicos. Al Estado se lo usó como una perinola donde la mayoría sacaba para sus propios intereses. En este aspecto es un cachetazo a la población utilizar hoy la ley de ética pública como argumento para descubrir sus virtudes cuando fue, precisamente, el Poder Judicial quien hizo caso omiso de su vigencia. 
He sostenido en esta columna en varias oportunidades, y hoy hay que tomarlo como un ejemplo, qué había pasado con el proyecto Ingentis. Este proyecto era del año 2007 y hoy prácticamente no queda ningún funcionario que hubiera sido parte del directorio de aquella participación ordenada por el ex gobernador Das Neves y, cuando ya era una demostración la inviabilidad del proyecto, la introducción de otro organismo del Estado que es Petrominera. Nunca pudimos obtener una respuesta clara y veraz, tanto de los organismos oficiales como de la Justicia. Dada las características de la operación hoy no nos queda otra posible afirmación que ese proyecto tuvo desde su origen una intención delictiva. Hacer un gran negocio para los amigos del poder y para los funcionarios que participaban con una sola víctima, materializada en los dineros de todos. Una explícita y clara defraudación a la administración pública. Seguramente esa causa ha sido considerada como compleja, que la Fiscalía ha carecido de fondos para hacer una verdadera investigación, que sin dinero no se puede hacer nada en los delitos contra la administración pública, como en su momento ha sostenido el Procurador General de la Provincia, marcando de esa forma la posible justificación. Por otra parte todavía resuenan las palabras de un diputado provincial que a gritos pedía que lo fueran a entrevistar los fiscales para explicar la ruta del dinero mal habido por funcionarios, de donde la obtenían y donde la depositaban. ¿Que pasó? No lo sabemos. ¿Se necesitaban especialistas también para ello?
Aquí aparece una nueva cuestión. ¿Qué es lo que sabemos del Estado Provincial? Muy poco, al no funcionar los organismos de control, el Tribunal de Cuentas por ejemplo, cuyas funciones son constitucionales. No solamente debemos con asombro escuchar que el propio gobierno no sabe ni cuanto gasta ni cuanto ahorra con las medidas que adopta, con lo que poco nos queda a los ciudadanos y habitantes de la Provincia. ¿Esto es posible y admisible? Yo creo que no, porque si no sabemos como está la carga y cuanto es, corremos el serio riesgo de un accidente muy grave.
Nunca hemos estado en una situación como las que nos toca vivir. Con una deuda mayor a los ingresos, con vencimientos pactados internacionalmente y con  incapacidad de pago en tiempo y forma. Es necesario hablar muy en serio. Que vayan presos los que tienen que ir y que la Justicia actúe con la independencia que corresponde y con funcionarios que lo demuestren. Pero aquí hay una actividad política que no se puede soslayar y que no puede ser llevada a cabo por inexpertos que no comprendan la necesidad del diálogo y tener objetivos claros. Hay que salir de la crisis dentro de los límites constitucionales dejando de lado los proyectos anteriores que son precisamente los que han contribuido a esta situación. Cambiemos la película. A «El Padrino», ya la vimos en todas sus versiones.
 

 

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