El descubrimiento de la corrupción

El equipo, conformado para analizar las conductas de funcionarios públicos y de empresarios, provocaron, en general, una oxigenación social cuando se publicaron los allanamientos y las detenciones. Podemos sostener que, frente a la espasmódica adhesión social, es fundamental realizar un análisis para que prime, en primer lugar, el imperio de la ley y, en segundo lugar, no se produzcan desviaciones que pudieran hacer dudar de los resultados.
Todos sabemos que en nuestro sistema procesal penal, más allá de que la Procuración General es parte del Poder Judicial, rige un principio, el de la bilateralidad. Esto es que existen dos partes, representadas por quien acusa y por quien defiende, con la intervención promiscua del imputado, y un tercero imparcial que es quien decide mediante el dictado de una sentencia, esto es el Juez. Quiere decir que todo el procedimiento de investigación depende directamente del Ministerio Público Fiscal, quien debe aportar las pruebas que sostengan las imputaciones. Frente a la calificación que efectuara el señor procurador fiscal respecto de los fiscales, sin dar nombres, a quienes tildó de inútiles, nos debe alertar para no descuidar nuestra atención.  Lo cierto es que, luego de bastante tiempo sin que se iniciaran actuaciones pese a la existencia de denuncias públicas, entre ellos diputados, se han movilizado en la descripción de los hechos de corrupción, esto es analizar hechos que son presuntamente delitos. Otros, caso del Proyecto Ingentis, han quedado en el olvido, pese a que han existido administradores de fondos públicos que, para obtener un lucro personal o de terceros, le han generado un perjuicio patrimonial al erario provincial, independientemente del destino final de la sociedad anónima.
La realidad es que vivimos en una provincia que, como se dijo en un programa nacional, ¡arde el Chubut! Es que si analizamos el déficit mensual que hoy se tiene, seguramente seguiremos teniendo algunos problemas serios, por cuanto esto no se soluciona solamente con buena voluntad. Por otro lado, esta buena voluntad se encuentra jaqueada por intereses individuales y de grupos que demuestran el derrumbe de los valores morales. 
Se ha sostenido que el crecimiento inmoderado del Estado facilita la corrupción. Ello ha ocurrido en Chubut con tal magnitud que hoy no solamente debe cada empleado decir que existe, sino que hay que llamar a los acreedores, no solamente para formar fila para cobrar sino para que saquen número para ver cuántos son... El gobierno provincial se llenó de gente, en algunos casos ni oficinas ni escritorios alcanzaban; los municipios se atiborraron de empleados que en vez de dar fuerza a la legalidad en los hechos la transgredían en razón de la codicia. ¿No parece algo ilógico, salvo que hubieran existido otros propósitos, que en el año 2007 Chubut estableciera una representación en París? ¿Alguien ha analizado este avance en la Unión Europea por parte de una provincia cuyo ejemplo debe ser único en el ámbito nacional? ¿Alguien analizó cuánto costó al patrimonio provincial, o por el contrario no solo se acompañó desde los organismos de contralor, demostrando una servidumbre ilegal, o se benefició de su apertura? Para ello es importante señalar que ese año, precisamente por algunas cuestiones con empresas petroleras que se encuentra analizando el fuero federal, existían denuncias que prácticamente generaban, en el menor de los casos, casi una enajenación de parte del territorio provincial. Pero, más allá de la crisis, de la corrupción, que es una de las causas que debilita el Estado Constitucional de Derecho y por ende la democracia, sin enfocar cómo se puede colaborar y contribuir para salir de la situación, ya hay varios pretendientes para el sillón de Fontana 50. Ni cuáles son los objetivos ni cuáles son las soluciones, poco importa. El anuncio de abrir un centenar de unidades básicas en una ciudad ya es obsceno. También lo es creer que Comodoro Rivadavia es una ciudad estado.
No hay duda que son tiempos en que debe imponerse la racionalidad, tanto dentro del sistema como afuera del mismo. Es lastimoso observar cómo se desploman las instituciones que deberían fortalecerse dentro de sus funciones constitucionales. Para retomar la primera reflexión, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut debería inmiscuirse en las cuestiones que le competen y no dar instrucciones telefónicas para casos particulares, ni querer imponer veedores en la tramitación de las causas, ni dar lugar a situaciones bochornosas que demuestran el estado de ánimo de sus integrantes con manifestaciones públicas ajenas a la función. Absolutamente reprochables. Creo que la razón es muy simple. Se ha dejado de trabajar para el bien común. Y la gente, poco importa.