Regionales

La eliminación de la chatarra: objetivos necesarios

En los últimos tiempos estamos observando cómo se va acumulando basura en nuestro territorio provincial. Esta basura en muchos casos se pretende justificar sosteniendo que debe ser guardada debajo de la alfombra, en otros, su tamaño y daño es tan grande que es imposible sostener el argumento tradicional.

Aparece entonces la necesidad de poner en marcha objetivos necesarios para poder limpiar los lugares por donde transitamos cotidianamente. Tomada esta decisión, que seguramente nos hará vivir mejor porque impactará en el medio ambiente, no implicaría aumentar el gasto del Estado, todo lo contrario. Eliminar los lugares de escondites de las alimañas y el hábitat de aquellos que pretenden cuevas de mayor o menor envergadura, según sea su tamaño: culebras o serpientes, será una inversión. Todo depende de una decisión política.
 Es probable que la extensión de nuestra provincia nos haya hecho perder noción del horizonte, que no se da en otras latitudes. Seguramente el día que veamos limpio el panorama otra será la expectativa que tendremos y modificaremos nuestra costumbre de dejar todo en el abandono. Suponer que estamos condenados prácticamente a que no exista sanción para nadie o admitir que el análisis de los problemas no puede aportar soluciones será una cosa del pasado. La seguridad, el medio ambiente, la contemplación del paisaje patagónico obliga a  la responsabilidad de quienes deben hacerse cargo. Probablemente habrá algún  negocio que se arruinará, pero eso no debería importar.
 De una vez por todas tanto la Justicia, como las compañías de seguros, como la policía o el Estado a través de una legislación o el Ministerio de Gobierno, deberá hacerse cargo de la chatarra que cada vez en mayor medida se amontona por doquier. Ya no dan abasto los lugares de las comisarías atestadas de vehículos destrozados, los puestos camineros a la vera de las rutas de quienes transitan, incluyendo los turistas que vienen o vendrán atraídos por nuestras bellezas naturales y ahora, una nueva, los abandonos de vehículos en nuestro Valle. Raro es que alguna de esas organizaciones de protección al medio ambiente no se preocupe con vehemencia de lo tóxico que genera el metal tirado en las cercanías de nuestros cultivos.
Pero existen algunas cosas que nos favorecen todavía. No somos una isla y no todo está tirado sobre nuestro suelo. Aunque no sepamos por qué, porque nadie se digna a explicárnoslo como corresponde, la turbina inmensa de Ingentis S.A. sigue en Houston, Estados Unidos. Ahora sabemos, por suerte, que las autoridades de Petrominera S.A. del Estado la conocen por fotografías y que eso, por lo menos, la hizo subir de valor. Que aquellos que en oportunidades manifestaron pretender prender fuego la Provincia, suponemos que no con nosotros adentro, o quienes tenían las llaves para hacer torcer decisiones nacionales, suponemos de la caja fuerte dada las últimas novedades, evidentemente hasta el momento no han resuelto el gran drenaje de dinero que para el Chubut significó un negocio desastroso.
 Quedó la chatarra en cercanías de la localidad de Dolavon, como testimonio de las ideas de aquel que también tuvo que declarar en la causa de los cuadernos. Pero la turbina no está.
La Justicia, que debería decir algo, pese a los años que han pasado, todavía no se ha expedido. 
Aquel fiscal general que por designación del procurador general de la Provincia tenía que realizar todas las investigaciones se supone debe tener serios inconvenientes. Observar cómo se realizaron los aportes, cómo solventó la Provincia a los socios privados, cómo se consiguieron los créditos y cómo se vendieron a menor valor los bienes que se adquirían favoreciendo a propios y extraños, como lo explica la perito designada para hacer un estudio integral. También seguramente para obtener los libros de la sociedad, las actas y las auditorias y los informes de los síndicos o las posturas de los directores funcionarios puestos por la propia Provincia del Chubut. 
Es de esperar que todas estas dificultades no hubieran obligado a algún funcionario del Ministerio Público Fiscal ordenar el archivo de las actuaciones o entregarle el expediente al propio fiscal de Estado de la Provincia para su estudio y consideración. Si bien es cierto que una cosa es la turbina chatarra (pensemos que su compra se efectuó en el año 2007), otra muy distinta es un expediente chatarra. Pero al final ¿no contaminan igual?

 


 

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