Caso Aquilanti: pidieron 3 años de prisión y una multa de casi $37 millones

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió enviar a debate en juicio oral y público la investigación penal en la que se encuentra imputado Leonardo Aquilanti y su esposa Susana Zafaroni, ambos imputados del delito de enriquecimiento ilícito durante el paso del primero por la función pública donde ocupó distintos cargos de importancia en el Poder Ejecutivo, luego asesor en la Legislatura provincial hasta ocupar un cargo en el directorio del Banco del Chubut. Mientras que Aquilanti está imputado de ese delito en carácter de autor, en contra de su esposa pesa el mismo cargo, aunque en carácter de interpósita persona.

Duran la audiencia preliminar realizada este martes en la Oficina Judicial de Rawson, Rodriguez pidió que ambos sean sometidos a un juicio por jurados. Sin embargo, el juez Nieto Di Biase resolvió la conformación de un tribunal.

Propiedades, autos y viajes

La investigación realizada por los fiscales y profesionales que integran la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, además de contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario, da cuenta de la adquisición por parte de Aquilanti y su esposa de inmuebles, terrenos, vehículos y viajes de la pareja y de sus tres hijos por Perú, Méjico, Turquía, países europeos y Gran Bretaña, además de plazos fijos en pesos y dólares en entidades bancarias de la zona.

“Ni siquiera ahorrando el 100% de sus ingresos como funcionario público, habría podido construir tantos metros cuadrados, además con materiales de primer nivel”, dijo el fiscal general Rodriguez sobre una casa construida en Playa Unión, además de la compra de un terreno para un emprendimiento comercial. Estos bienes, más los vehículos adquiridos y el detalle de los viajes realizados por el matrimonio en algunos casos y por los tres hijos en otros, constan en los detalles de la investigación.

Agregó que a través de su esposa Aquilanti “ocultó bienes para no ser detectado por los organismos de control. Sus ingresos eran inconsistentes y, por lo tanto, no tenía capacidad económica para adquirir esos bienes y mantener el nivel de gastos”.

Sobreseimiento

En la investigación también estuvo imputada una de las hijas del matrimonio, por la constitución de un plazo fijo en el Banco Hipotecario de Trelew. En función del deber de objetividad, el fiscal Rodriguez pidió el sobreseimiento de la mujer habida cuenta que desde la misma investigación quedó constatado que fue lícito el origen del dinero para esa inversión.

El defensor de ambos imputados, Andrés Meiszner pidió el sobreseimiento para Aquilanti y su esposa. Cuestionó algunas de las pruebas y pericias contables realizadas durante la investigación. Antes, el propio Aquilanti pidió expresarse ante el juez Nieto Di Biase y se refirió como fue construyendo su capital a partir de actividades comerciales, herencias y adquisiciones de varias propiedades, inversiones, alquileres, ventas en dólares de fondos de comercio, actividades comerciales de su esposa, además de tareas comerciales realizadas antes de arribar a la provincia del Chubut, desde Santa Fé. “Me incorporé a la función pública en Chubut, cuando ya tenía 39 años de edad, expresó a manera de justificación general respecto del capital reunido durante su vida.

También se refirió a las dificultades que tuvo para justificar legalmente su patrimonio, debido al paso del tiempo.  

Durante la audiencia, tanto el defensor Meiszner como Aquilanti ingresaron en un terreno de descripción de las pruebas y el cuestionamiento a varias de las que reunieron los fiscales durante la investigación. El juez Nieto Di Biase los reprobó indicando que esos cuestionamientos son propios de un debate en juicio oral y no en la audiencia preliminar que se estaba desarrollando.

El fiscal Rodríguez destacó la necesidad de ventilar en juicio este caso de presunta corrupción y  la gravedad que ello conlleva cuando los hechos son protagonizados por funcionarios públicos.