El Gobierno de Estados Unidos demando al estado de California por proteger a los inmigrantes

En la demanda, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, pidió a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.
El Gobierno federal considera que esas tres leyes californianas (llamadas "santuario") "reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos" al impedir que los agentes de Migración hagan su trabajo y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes.
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump contra California, un estado que por su dimensión y por su hegemonía demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en inmigración.
La demanda en cuestión podría terminar siendo el caso testigo del papel que tendrán las administraciones locales y estatales en la política de inmigración. 
El control de la inmigración es una competencia federal y la policía que persigue a los indocumentados depende de Washington, pero en un país con cerca de 11 millones de indocumentados la capacidad de los agentes federales está limitada, por lo que el Gobierno de Trump necesita de la colaboración de las policías locales y estatales.
Está previsto que Sessions anuncie hoy la presentación de la demanda durante un acto con agentes de la ley en California, informó la agencia de noticias EFE.
"El Departamento de Justicia y el Gobierno de Trump combatirán estas políticas injustas, desleales e inconstitucionales que nos han impuesto", dirá Sessions, según unos avances de su discurso al que accedieron medios locales.
"Estamos luchando para hacer sus trabajos más seguros y para reducir el crimen en Estados Unidos. Y creo que vamos a ganar", apuntará.
La demanda va especialmente dirigida al gobernador californiano, Jerry Brown, quien la calificó de "maniobra política" de Trump, a quien acusa de "dividir y polarizar más Estados Unidos".
La Casa Blanca también apunta al fiscal californiano Xavier Becerra quien respondió que las entidades locales y estatales "tienen el derecho de determinar qué políticas son mejores" para ellas.
Sessions, bajo las órdenes de Trump, inició a su llegada al Departamento de Justicia una cruzada contra las políticas "santuario", esas que desde las entidades locales protegen a los indocumentados de la deportación.
Las mayores ciudades del país, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre muchas otras gobernadas por la oposición demócrata, han adoptado estas políticas que principalmente limitan el flujo de información entre sus policías y los agentes de inmigración. 
El Gobierno de Trump pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicación de estas leyes y, en último término, las anule.
Washington basa su argumentación en la llamada "cláusula de supremacía", como se conoce al segundo párrafo del Artículo VI de la Constitución, que afirma la preeminencia de la ley federal y la Constitución sobre las leyes de los estados.