Benefician con libertad condicional al responsable del Vip de calle Villegas

Aborsky, a través de sus abogados, tramitó el pedido de libertad condicional, lo que se plasmó en un fallo que tuvo que ser rectificado según la última sentencia del 15 de febrero de este año, mencionando que en la Sentencia Interlocutoria de fecha 15 de febrero de 2019 que decidió conceder libertad condicional al condenado Eduardo Pablo Aborsky, por un error material se indicó -en el resolutorio- que se concedía en el Incidente “Nº FCR 91001025/2009/TO1/1/1” cuando debía consignarse el “Nº FCR 22000059/2013/TO2/7/1”, ante lo cual se tuvo que hacer una rectificatoria.
En la misma se menciona que se resuelve “aclarar que en el Fallo, primer párrafo, de la Sentencia Interlocutoria del 15/2/19 debió consignarse: “Conceder la Libertad Condicional al condenado Eduardo Pablo Aborsky, D.N.I. 11.674.805 a partir del día de la fecha, en este Incidente de Libertad Condicional N° FCR 22000059/2013/TO2/7/1”. b) Integre la presente el decisorio precedente”, con lo que quien fuera el titular del polémico Vip, que tantos ríos de tinta llevaron está ya en libertad.

BIEN INCAUTADO
El fallo lleva la firma del Juez de Ejecución Enrique Jorge Guanziroli y la Secretaria Ad Hoc Laura Nardelli.
Cabe recordar que en el fallo condenatoria, se disponía la incautación del bien en el que se produjo el delito, la trata de personas, el edificio de Villegas 516, y que incluso mientras Aborsky estaba purgando la pena, el Vip siguió funcionando, ameritando incluso la actuación de la justicia ordinaria, que allanó en reiteradas ocasiones el edificio, fueron secuestradas bebidas alcohólicas junto al Municipio, llegando al punto que, con la sentencia federal en plena vigencia, que el Fiscal Jefe Daniel Báez ordenara soldar las puertas para que nadie pudiera volver a ingresar al edificio.
A su vez se abrió otra polémica, ya que el municipio solicitó se entregue el bien para poner a funcionar allí una oficina para dependencias de lucha contra la trata y la violencia familiar, ante la negativa de la funcionaria provincial Carla Sánchez Galindo, que entendía que las autoridades nacionales deberían rematar el bien y destinar los fondos a los organismos de lucha contra la trata, pero esto nunca sucedió.