Presentaron en Legislatura el juicio político a Cigudosa y lo elevarían a la Sala de Acusar

Alegan falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público y una eventual comisión de delitos por inconsistencias en las contrataciones a empresas para refaccionar establecimientos educativos. Cigudosa entregó una nota exigiendo que la convoquen nuevamente para la interpelación.
Viviana Navarro, Gustavo Fita, Alejandra Marcilla y Blas Meza Evans del FPV presentaron ayer la nota por Mesa de Entradas dirigida al presidente de la Legislatura, José María Grazzini. Ahora, la solicitud será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá emitir un dictamen para derivarlo a la Sala de Acusar de la Legislatura.
«Venimos a solicitar que se ponga en marcha el proceso de juicio político y la posterior destitución de la ministra de Educación de la Provincia del Chubut, Graciela Cigudosa por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo y eventualmente por la comisión de delitos en el desempeño de sus funciones».
El requerimiento detalla que Cigudosa ha incurrido en dos causales de juicio político y destitución. Por un lado, «sus faltas indebidamente justificadas a las dos citaciones a una interpelación de concurrencia obligatoria» y por el otro, «ha permitido o consentido, contrataciones irregulares en su modo, precio, pago y direccionamiento, en las tareas de mantenimiento de los establecimientos escolares».
El escrito hace un repaso desde las interpelaciones fallidas, las denuncias penales presentadas por los bloques de Cambiemos y el FPV, las declaraciones de Alfredo Di Filippo advirtiéndole al gobernador y a sus funcionarios el pedido de «coimas» de autoridades del Gobierno para la reparación de escuelas y la investigación que lleva adelante el fiscal general Omar Rodríguez.
«A partir de estas denuncias públicas hemos recibido numerosas informaciones vinculadas a sobreprecios y a empresas vinculadas a presuntos hechos de corrupción», sintetiza el documento presentado ayer en Legislatura.
El escrito precisa que, al menos en la zona del Valle, «las reparaciones fueron adjudicadas mediante contrataciones directas a las empresas Lada Construcciones, Ramida S.R.L., Jorge Santucho y Calypso».
Agrega que Lada Construcciones «se ha dedicado al rubro construcción, Ramida se dedicó siempre al alquiler de baños químicos, Calypso a la venta de alfombras y revestimientos», mientras que Jorge Santucho «es un monotributista, inscripto -curiosamente- el 1 de febrero de 2019».

SOBREPRECIOS «EXORBITANTES»
El documento del pedido de juicio político deja entrever la existencia de sobreprecios en las contrataciones para reparar y refaccionar las escuelas.
«Gran parte de la operatoria de las reparaciones de escuelas se encuentran registradas en el expediente del Ministerio de Educación Nº 212/19. En los concursos de precio amañados entre las cuatro empresas existen sobreprecios exorbitantes que no podían pasar desapercibidos para los funcionarios actuantes», desliza el documento.
A modo de ejemplo, citan que en muchas de las escuelas se suplantaron las luminarias comunes por lámparas led. «Estas lámparas se presupuestaban entre $ 2.600 y $ 3.300 cada una, cuando el precio de mercado de las mismas no llega a los $1.000 y compradas al por mayor se consiguen a menos de $ 500 cada una».
Otro ejemplo que exponen en el pedido de juicio político «es el presupuesto de tapas de inodoro a $ 1.200 cada una, cuando las mismas cuestan la mitad en comercios de la zona y a precio minorista».
Además, advierten que registraron varios casos «donde se ha abonado la totalidad de los trabajos encomendados y los mismos no se realizaron o no se terminaron. Todo esto ha puesto a las directoras de escuelas en una compleja situación, dado que eran ellas las que debían abonar las tareas realizadas o no realizadas, por orden de la ministra».