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No nos olvidemos de la corrupción

En los últimos días nos encontramos, por un lado, con análisis de encuestadores y politicólogos, que difunden la mayoría de los medios de comunicación, por el otro, con la sentencia de que a los argentinos no nos interesa la corrupción. Sólo nos interesa la economía.

Luis López Salaberry

Frente a esta situación creo que nos está queriendo envolver una propuesta que pretende cercenar nuestra libertad. Este cercenamiento tiene, como único objetivo, el que nos entreguemos mansamente a un entramado de dominación y que nos haga perder nuestra autonomía. Una autonomía que, si bien puede hacer un análisis crítico de la situación económica, no por eso tiene que someterse a un sistema que pretende silenciar la corrupción. No sólo que tengamos que vivir entre corruptos, sino hasta llegar a considerar como beneficioso que los mismos puedan dirigir los destinos de nuestras municipalidades, provincias o la Nación. Si queremos ser libres que no nos exploten nuestra libertad. Que dependa de nosotros mismos, aún cuando la tecnología, en muchos casos, nos pretenda hacer desnudar frente a las redes sociales ventilando cuestiones privadas que, años atrás, era impensable predecir. 
La corrupción mata a la economía. La corrupción mata a la educación pública y también a la salud pública. También a la justicia. La corrupción mata la generación de empleo y la estabilidad laboral. La corrupción genera mayor cantidad de pobres. Si esto es así, y no lo dudo, merece nuestra atención por cuanto nunca vamos a lograr los objetivos deseados si no eliminamos la causa de las desventuras en nuestro país. 
Veamos simples ejemplos para entender, aunque sea superficialmente, las consecuencias de la corrupción. Nuestra provincia se ha visto atravesada por  este flagelo. Hay que entenderlo no solamente como la defraudación a la administración pública, esto es mediante el delito, sino como el incumplimiento para beneficio personal de las obligaciones que la cosa pública impone a los funcionarios. Allí no solamente ingresan quienes han efectuado negocios para amigos o parientes, sino también quienes tienen obligaciones como gobernantes, magistrados, fiscales o ministros que se desentienden de los roles que les marca la ley, convirtiéndose en verdaderos autores o cómplices en el mal funcionamiento del Estado, por no respetar la letra y el espíritu de nuestra Constitución. 
No deberíamos olvidar en nuestro análisis lo que siempre aparece como una prioridad, que lo es. La educación. Nadie duda que el conocimiento es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Que el establecimiento escolar y la formación que se brinda en las escuelas constituyen un factor esencial y una obligación del Estado. No obstante ello, en el año 2018 se produjo un vaciamiento educativo donde se perdieron días y días de clase que nunca se pudieron recuperar, aún con toda la voluntad que los integrantes del sistema pudieran haber manifestado. Los días perdidos en la educación formal, la interrupción y el desconocimiento del devenir educativo, no solamente provoca una angustia, y problematiza a los padres, sino que desalienta al alumno que se siente juguete de decisiones que, aunque no sepa de donde provienen, lo cosifican. Hoy va a la escuela, mañana no; tiene que escuchar las noticias para saber qué debe hacer o retornar a la casa cuando menos lo piensa o, cuando tiene suerte, obtiene un día de clase con la misma maestra que la última vez había visto. 
Este año hay escuelas públicas que prácticamente no han comenzado las clases. Esta desigualdad, que genera el propio sistema, es en sí mismo un acto de corrupción sin necesidad de tener que averiguar si existieron contrataciones ilícitas o sobreprecios. El daño que se le está generando al alumno, de la escuela con problemas de infraestructura respecto a otros en distintas situaciones, es un atentado a la igualdad de oportunidades que tiene consecuencias graves. 
Es que la falta de pensamiento en el sujeto humano alumno, desvirtuado por un ampuloso concepto discursivo en la actividad política, está demostrando la falta de interés en solucionar los problemas reales de la gente y el incumplimiento de pactos internacionales. También la corrupción se traslada al sector privado. Un Estado que no cumple con sus obligaciones, que se encuentra en deuda con personas de derecho privado, como son las cooperativas eléctricas, no puede de ninguna manera estar minimizando su situación trasladándole a terceros sus responsabilidades. La deuda millonaria hacia los proveedores también es un dato a considerar. El ahogo financiero, que en la actualidad se encuentran distintos emprendedores privados, tiene directa relación con las promesas de pago incumplidas de las deudas que se acumulan. 
El despilfarro, la utilización de fondos públicos para la contienda electoral y la relación del empleo público, tanto en municipalidades como en el ámbito provincial, es demostrativo del desinterés por el bien común. Eso también es corrupción. Ningún plan económico salvará a nuestro país si no ordenamos, conforme a la ley, nuestro propio accionar: fundamentalmente si no preservamos nuestra libertad.

 
 

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No nos olvidemos de la corrupción

En los últimos días nos encontramos, por un lado, con análisis de encuestadores y politicólogos, que difunden la mayoría de los medios de comunicación, por el otro, con la sentencia de que a los argentinos no nos interesa la corrupción. Sólo nos interesa la economía.

Frente a esta situación creo que nos está queriendo envolver una propuesta que pretende cercenar nuestra libertad. Este cercenamiento tiene, como único objetivo, el que nos entreguemos mansamente a un entramado de dominación y que nos haga perder nuestra autonomía. Una autonomía que, si bien puede hacer un análisis crítico de la situación económica, no por eso tiene que someterse a un sistema que pretende silenciar la corrupción. No sólo que tengamos que vivir entre corruptos, sino hasta llegar a considerar como beneficioso que los mismos puedan dirigir los destinos de nuestras municipalidades, provincias o la Nación. Si queremos ser libres que no nos exploten nuestra libertad. Que dependa de nosotros mismos, aún cuando la tecnología, en muchos casos, nos pretenda hacer desnudar frente a las redes sociales ventilando cuestiones privadas que, años atrás, era impensable predecir. 
La corrupción mata a la economía. La corrupción mata a la educación pública y también a la salud pública. También a la justicia. La corrupción mata la generación de empleo y la estabilidad laboral. La corrupción genera mayor cantidad de pobres. Si esto es así, y no lo dudo, merece nuestra atención por cuanto nunca vamos a lograr los objetivos deseados si no eliminamos la causa de las desventuras en nuestro país. 
Veamos simples ejemplos para entender, aunque sea superficialmente, las consecuencias de la corrupción. Nuestra provincia se ha visto atravesada por  este flagelo. Hay que entenderlo no solamente como la defraudación a la administración pública, esto es mediante el delito, sino como el incumplimiento para beneficio personal de las obligaciones que la cosa pública impone a los funcionarios. Allí no solamente ingresan quienes han efectuado negocios para amigos o parientes, sino también quienes tienen obligaciones como gobernantes, magistrados, fiscales o ministros que se desentienden de los roles que les marca la ley, convirtiéndose en verdaderos autores o cómplices en el mal funcionamiento del Estado, por no respetar la letra y el espíritu de nuestra Constitución. 
No deberíamos olvidar en nuestro análisis lo que siempre aparece como una prioridad, que lo es. La educación. Nadie duda que el conocimiento es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Que el establecimiento escolar y la formación que se brinda en las escuelas constituyen un factor esencial y una obligación del Estado. No obstante ello, en el año 2018 se produjo un vaciamiento educativo donde se perdieron días y días de clase que nunca se pudieron recuperar, aún con toda la voluntad que los integrantes del sistema pudieran haber manifestado. Los días perdidos en la educación formal, la interrupción y el desconocimiento del devenir educativo, no solamente provoca una angustia, y problematiza a los padres, sino que desalienta al alumno que se siente juguete de decisiones que, aunque no sepa de donde provienen, lo cosifican. Hoy va a la escuela, mañana no; tiene que escuchar las noticias para saber qué debe hacer o retornar a la casa cuando menos lo piensa o, cuando tiene suerte, obtiene un día de clase con la misma maestra que la última vez había visto. 
Este año hay escuelas públicas que prácticamente no han comenzado las clases. Esta desigualdad, que genera el propio sistema, es en sí mismo un acto de corrupción sin necesidad de tener que averiguar si existieron contrataciones ilícitas o sobreprecios. El daño que se le está generando al alumno, de la escuela con problemas de infraestructura respecto a otros en distintas situaciones, es un atentado a la igualdad de oportunidades que tiene consecuencias graves. 
Es que la falta de pensamiento en el sujeto humano alumno, desvirtuado por un ampuloso concepto discursivo en la actividad política, está demostrando la falta de interés en solucionar los problemas reales de la gente y el incumplimiento de pactos internacionales. También la corrupción se traslada al sector privado. Un Estado que no cumple con sus obligaciones, que se encuentra en deuda con personas de derecho privado, como son las cooperativas eléctricas, no puede de ninguna manera estar minimizando su situación trasladándole a terceros sus responsabilidades. La deuda millonaria hacia los proveedores también es un dato a considerar. El ahogo financiero, que en la actualidad se encuentran distintos emprendedores privados, tiene directa relación con las promesas de pago incumplidas de las deudas que se acumulan. 
El despilfarro, la utilización de fondos públicos para la contienda electoral y la relación del empleo público, tanto en municipalidades como en el ámbito provincial, es demostrativo del desinterés por el bien común. Eso también es corrupción. Ningún plan económico salvará a nuestro país si no ordenamos, conforme a la ley, nuestro propio accionar: fundamentalmente si no preservamos nuestra libertad.

 
 

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