Colegios de Abogados se reunieron con el Superior Tribunal de Justicia

Mario Luis Vivas, Miguel Angel Donnet y Guillermo Cosentino en representación del STJ, la Dra. Mirta Antonena e integrantes del Directorio del Colegio Público de Abogados de Trelew, el Dr. José María Venancio por el de Esquel y los Dres. Sergio Fassio, Hipólito Giménez, Patricio Castillo Meisen, Emilio Cacciavillani y Ricardo Gabilondo por el de Puerto Madryn.

El motivo de la reunión fue abordar la crítica situación del Poder Judicial en la Provincia del Chubut ante la falta de recursos para afrontar los haberes de la totalidad de los integrantes del Poder Judicial y la virtual paralización del servicio de justicia en nuestra provincia.
En primer lugar el Dr. Vivas señaló que desde el STJ se ha mantenido contacto permanente con el Ejecutivo Provincial para tratar de solucionar la situación planteada. Asimismo, hizo saber en la oportunidad que se exhortó mediante nota al PE que arbitre los medios para garantizar la prestación del servicio de Justicia. El Dr. Vivas comentó también sobre los encuentros que oportunamente protagonizó con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

PREOCUPACIoN
Asimismo, los Colegios de Abogados presentes señalaron la importancia de dejar de emitir Acordadas por medio de las cuales se han suspendido en reiteradas oportunidades los términos procesales en todas las jurisdicciones ya que esa medida en nada favorece a la prestación del servicio de justicia. En este sentido, se presentó a los miembros del Superior Tribunal de Justicia la declaración emitida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) por la cual se hizo saber al Gobernador de la provincia la preocupación por la grave crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial, exhortándolo a que arbitre los medios necesarios para garantizar el pago de los salarios de empleados, funcionarios y magistrados, y se requirió al Superior Tribunal de Justicia que se abstenga de continuar suspendiendo los plazos procesales con motivo de las medidas de fuerza adoptadas por los empleados judiciales, reclamando que arbitre los medios necesarios para la adecuada prestación del servicio de justicia.
Se destacó, asimismo, que en la práctica tampoco estaría funcionando en distintas dependencias el esquema de guardias mínimas para la atención de asuntos urgentes, sumado ello a la discrecionalidad que conlleva la determinación en cada caso del carácter de “urgente” para la admisibilidad de las presentaciones.

GUARDIAS MiNIMAS
Desde el STJ se aclaró que las guardias mínimas deben ser cumplidas necesariamente y en caso que ello no ocurriera, corresponderá que se ponga en conocimiento del STJ dicho incumplimiento a los fines de labrar los correspondientes sumarios disciplinarios.
El Colegio de Abogados de Puerto Madryn señaló en la oportunidad que más que procurar el correcto funcionamiento de las guardias mínimas, lo que corresponde es restablecer el funcionamiento normal del Poder Judicial ya que el funcionamiento de la Justicia con guardias mínimas y criterios de urgencia supone una irregularidad inadmisible que carece de todo fundamento legal.
Asimismo el CPAPM exhortó al Dr. Vivas, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a que “se tomen acciones legales concretas, sin perjuicio de la vía del dialogo con el Poder Ejecutivo, ya que es evidente que en la medida en que no se determinen responsabilidades por lo que acontece en la Provincia del Chubut, la situación se prolongará y profundizará indefinidamente y el dialogo a la fecha no ha demostrado ser la herramienta más idónea y suficiente para solucionar la problemática”.

ViAS LEGALES
Es así que se instó a que se adopten vías legales contundentes, más allá de las exhortaciones, que conminen a los funcionarios responsables a cumplir con la remisión de las partidas presupuestarias aprobadas por ley para permitir el normal funcionamiento del servicio de Justicia.
El Colegio de Abogados de Puerto Madryn ofreció su total colaboración “para impulsar aquellas medidas que permitan una solución institucional definitiva ante la ausencia de un derecho elemental en un Estado republicano como es el acceso a la Justicia, que afecta tanto al desempeño de nuestra profesión como a los ciudadanos que nos toca asistir y representar”.