Fiscalía pidió revisar la libertad condicional del abogado condenado por abuso sexual

El abogado fue denunciado este fin de semana por lesiones leves en contexto de violencia de género por su pareja. La denuncia fue realizada por la mujer el día domingo en la Comisaría de la Mujer y aportó el certificado médico de lesiones leves.
La agresión, según la presentación realizada en la comisaría y ratificada en sede judicial, sucedió durante la celebración del cumpleaños de la joven en la casa del acusado. Según detalló la víctima, alrededor de la 1.30 horas, cuando salía del baño su pareja la agredió. También a un amigo, que estaba en el antebaño. Los separaron, pero el abogado, según detalló la joven, la volvió a agredir antes que aborde un taxi para retirarse del lugar.
S.M. actualmente se encuentra en libertad condicional por haber cumplido parte de su condena a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. La condena fue dictada a principios de 2018 por Marcela Pérez Bogado, Stella Eizmendi y Marcelo Orlando. Y confirmada en todas las instancias judiciales. Como cumplió con los requisitos previstos por la ley, el juez de ejecución le otorgó la libertad condicional prevista en la ley 24660.
Desde la Fiscalía solicitaron el pedido de audiencia de apertura de investigación por el delito de lesiones y, paralelamente, pidieron que se revise su situación de libertad condicional por haber incumplido las pautas de conductas fijadas. Actualmente, ocupa ese rol la jueza Marcela Pérez Bogado. 

¿QUe ES LA LIBERTAD CONDICIONAL?

La libertad condicional es otorgada por el Juez de Ejecución, que puede concederla o negarla luego de recibir informes sobre la conducta y posibilidades de reinserción social de la persona condenada. Y es la posibilidad que tiene una persona condenada de terminar de cumplir su pena de prisión fuera de la cárcel. Pero tiene limitaciones, ya que la persona debe cumplir ciertas reglas que se fijan en la resolución que le otorga libertad condicional, como por ejemplo no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes; no cometer nuevos delitos; someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, entre otros. Si incumple las medidas, el beneficio se puede revisar y revocar, haciendo que la persona regrese a prisión.