Regionales

Asumir la responsabilidad, obligación de los funcionarios

Una pequeña población como Facundo se puede quedar sin luz, sin suministro de agua y con serias dificultades comunitarias, por la desatención o el mal manejo de sus servicios. No obstante Facundo tiene calles empedradas y sin ninguna edificación cercana o habitantes que las puedan transitar.

Ya en alguna oportunidad me he referido a los negocios del cordón cuneta o de las calles empedradas, como en el caso de Gualjaina. Pero tomo estos ejemplos para poder referirme a otras acciones, efectuadas en el pasado, y que, por seguros intereses encontrados, no pueden salir a la superficie, mientras pasa el tiempo, aun cuando oportunamente fueran denunciadas a la Justicia como una defraudación a la administración pública. 
Es increíble pero nunca pudimos tener una respuesta ni administrativa, ni judicial y no me estoy refiriendo a esta columna, sino al Poder Legislativo que también nos representa. Estoy señalando a Ingentis S.A., donde tanto la Provincia del Chubut como la empresa del Estado Petrominera eran accionistas. ¿Porque se produjo ese silencio? Seguramente porque no se quiere reconocer ni investigar cómo se filtran los recursos provinciales hacia socios, especialmente diferenciados por su complicidad, que seguramente saben efectuar importantes negocios. Lo cierto es que teniendo activos en el exterior, caso de la turbina que se encontraba, o se encuentra, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Provincia, a través de sus funcionarios, se da el lujo de abandonarlos como chatarra, que sigue aquí amontonándose como basura, sin que a nadie se le ocurra opinar sobre el medio ambiente. No obstante la existencia de diputados que expresamente pretenden prohibir la minería, pese a lo sostenido por nuestra Constitución en relación a los recursos naturales. Lo cierto es que la verdad no se descubre. O, para descubrirse, deberían ser refutadas las apreciaciones que se hacen, como las pruebas, que dan a entender sin ningún tipo de eufemismo, como se realizaron las distintas maniobras con los elementos que, para generar energía, eran importados desde distintos países de origen. No solamente la energía no se generó, los elementos, varios de ellos, fueron vendidos a un valor menor que el pagado para su importación y Facundo, como tantas localidades del interior de la provincia, penan cotidianamente para sostener un poco de luz. Hay que vivir en Facundo, yo viví diez años, y saber que no se tiene agua teniendo un río como el Senguer, que pasa a pocos metros; supongo que no es nada agradable. 
Nadie ha refutado lo que hemos sostenido en varias oportunidades sobre la sociedad de Ingentis S.A. Sería muy esclarecedor y seguramente la población lo necesita, por lo menos la memoriosa y que reclama los valores de la transparencia en la función pública. De más está decir que si existen responsabilidades éstas deben ser asumidas, con su consecuente sanción. Más allá de la prescripción de los delitos denunciados, si es que ocurriera. Existen responsabilidades administrativas, o que hacen a la función dentro de la estructura del Estado, que no pueden ser dejadas de lado por el reconocimiento de un error, luego de producido el hecho, o por las interpretaciones acomodadas a los mismos, basadas en el razonamiento individual que solo conforman a quien lo dice, aún alejado de la ley. Lo lógico sería que el que no pretenda cumplir con los mandatos constitucionales interponga un recurso de inconstitucionalidad. Sólo admitido el mismo se deroga lo que ha sido cuestionado. El Estado, a través de sus distintos poderes y por intermedio de sus funcionarios, está obligado al cumplimiento de la ley y el daño que produce, en la falta de apego a la misma, es mayor que la de cualquier ciudadano por cuanto las víctimas están en cabeza de toda la sociedad. Esto se demuestra mucho más aún en épocas de crisis. Pretender que el consumo no decaiga cuando se incumple con los pagos en tiempo y forma desde la administración pública, como ha ocurrido recientemente, y cuando se realizan ya se encuentran en parte licuados por la alta inflación, es contribuir a generar la desconfianza. 
Una ciudadanía que concurre a emitir su voto en las PASO y que luego del procedimiento obligatorio se le cambien las reglas de juego, también contribuye a disminuir la confianza en las instituciones. ¿Para que se ha concurrido a las urnas? Solamente para dirimir la interna del Partido Justicialista, o las presentaciones en algunos municipios, lo que implica un despropósito. Probablemente con ese dinero mal gastado se podrían haber resuelto varios problemas de los pueblos del interior, objetivos, que hacen al bienestar de la gente, que no necesitan fiestas populares para los discursos de turno sino soluciones para su cotidianeidad. Seguramente las fiestas populares surgirían igual por la voluntad y esfuerzo de sus habitantes, lo que las convertirían en el orgullo de la localidad y no porque éste o aquél funcionario pretendiera publicitar su gestión. Pero volvamos a la Constitución. Si existen jueces, fiscales, legisladores y ministros que la pretenden desconocer, y si la mayoría así lo entiende, el mecanismo es su reforma. Pero para poder reformarla y conformar la constituyente existe un seguro, que no lo garantiza una persona. Lo garantiza la ley. Se acaban las mayorías y las minorías y el sistema de representación pretende englobar a toda la soberanía popular. Es posible que también se cambie la integración del Poder Legislativo, hoy con mayorías automáticas, o la inamovilidad de los magistrados, con una evaluación periódica. Sería interesante intentarlo. Más que interesante, sería fortalecer la democracia. 

 

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