Ados construirá consultorios y oficinas al lado de la biblioteca Agustín Alvarez

El presidente de la obra social, Luis Núñez, envió una nota al Concejo Deliberante el 29 de junio del presente año para solicitar «se deje sin efecto o se suprima» el pago al que está sujeta la venta o adquisición del lote, teniendo presente que el municipio jamás rescindió y la entidad prevé construir. 

En 1981, conforme a las especificaciones de la entonces Ley 1418, la Asociación de Obras Sociales (ADOS) cumplió con las bases y condiciones para la adquisición, abonando el precio fijado. El 18 de mayo de 1982, bajo la intendencia de Norberto Raúl Boiero, se firmó el Boleto de Venta, donde se especificó como condición la edificación y que su falta podría provocar la rescisión del contrato con retracción de dominio.

La obra social «debió privilegiar la adquisición de otros inmuebles en la localidad ya construidos», para poder brindar sus servicios como nosocomios, consultorios, farmacias y otras prestaciones. Aunque en la nota Núñez dejó en claro que «no se dejó de cumplir con el pago de los impuestos respectivos».

«Actualmente, la Obra Social proyecta la construcción de consultorios, oficinas y un salón de usos múltiples para la atención de sus afiliados en este predio, previéndose una importante inversión, a los fines de poder ampliar la cobertura de nuestros afiliados», está impreso en la nota.

El plan propuesto, agregó en la nota el dirigente, «generaría además empleo indirecto vinculado a la construcción de estos efectores», mano de obra directa y «genuina, a partir de la puesta en marcha de éstos, ya que requerirán la contratación de nuevo personal».  

Ados solicitó al cuerpo legislativo «perfeccionar el título de propiedad que hoy posee, y otorgar la seguridad jurídica de la que hoy carece, a los efectos de dar comienzo con la obra», cuestión que fue aprobada el jueves 7 de julio, ratificando la venta producida mediante la escritura pública firmada el 6 de agosto de 1982, dejando sin efecto la condición resolutoria a la que estaba sujeta la propiedad.

El dirigente planteó que «la falta de ejercicio del derecho de rescisión (...), el cual se encontraría caduco por el transcurso del tiempo, la misma figura en el título de propiedad inscripto (...), lo cual genera dudas en inseguridad en punto a la inversión señalada y al financiamiento que se pretende».  

«Esta situación -añadió Núñez-, me lleva a peticionar la posibilidad del dictado de una ordenanza modificatoria de la anterior sancionada, que ratifique la venta producida mediante escritura pública fechada el 6 de agosto de 1982, y a su turno deje sin efectos la condición regulatoria a la que estaba sujeta dicha propiedad, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar la respectiva escritura pública que dé cuenta de la supresión de la condición a la que estaba sujeta la propiedad». 

CONTROVERSIA

Años atrás, hubo un reclamo de autoridades municipales teniendo en cuenta que la obra social no había ejecutado obra alguna en el terreno, uno de los pocos manchones de tierra que quedan en el microcentro de la ciudad, un lugar privilegiado.