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ATUCHA III Futuro incierto II

En nota anterior decíamos que no fueron los países, China y Argentina, los que el 1 de febrero del año pasado suscribieron un contrato por la instalación de un reactor nuclear chino en Lima, provincia de Buenos Aires, que se denominará Atucha III. El contrato comercial fue rubricado por dos empresas: Nucleoeléctrica Argentina SA y la Corporación Nuclear Nacional de China.

Si bien la suscripción del contrato sugería que la construcción de Atucha III era inminente, fuentes muy informadas manifestaron que el proyecto “…nadie sabe si va a avanzar o no”. 

 

La firma de ese contrato no solo dejaba traslucir apuro, improvisación y, más que nada, una intencionalidad publicitaria, sino que dio lugar a una causa judicial, presentada semanas después de la firma.

 

El ecologista biólogo fundador y presidente de FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente doctor biólogo Raúl Montenegro y el abogado ambientalista Juan Smith, con patrocinio legal del abogado Fabián Maggi, “denunciaron penalmente al presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas”.

 

La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires. "El Gobierno nacional pretende –ilegalmente- que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido. El reactor chino, experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica generada en Argentina", destacaron los denunciantes.  

 

En la presentación judicial, Montenegro y Smith concretaron “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de instrumento público, previstos en  los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.

 

Montenegro, indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”.

 

“El señor José Luis Antúnez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó el biólogo.

 

“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas hace unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente. Le impondría además al país riesgos enormes, pues en caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES” “…además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”, puntualizó.

 

“Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir, por ejemplo, el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.

 

 “La decisión que tomó el señor José Luis Antúnez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualong One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”.

 

El primer reactor nuclear desarrollado por China, el Hualong-1, inició sus operaciones comerciales el 1 de febrero de 2021 en la central de Fuqing, precisamente un año antes de la firma del contrato por Antúnez.

 

 “Mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación y autorización de una nueva central nuclear demanda unos 12 años, y el proceso de interacción con vecinos y comunidades afectadas –dentro de esos 12 años- insume unos 3 años, en Argentina se firman alegremente contratos ignorando las leyes y la opinión de las personas”, dijo Montenegro.

 

Por su parte Juan Smith precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, dentro de una larga lista de problemáticas (inflación, desocupación, inseguridad), si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia”.

 

 El abogado ambientalista señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen son los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos, no advierte cuando son vulnerados”.

 

El contrato incumple mandatos de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, incluso del Pacto de San José de Costa Rica y del ‘Acuerdo de Escazú’- y numerosas normas de orden público, nacionales y provinciales.

 

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