El Gobierno denunció a las autoridades de Anses de la gestión anterior

El Gobierno denunció a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al exmandatario. La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano y abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, anunció el vocero presidencial, Manuel  Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

La presentación inicial la hizo la abogada, Silvina Martínez, que denunció penalmente al expresidente y al extitular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación-, Alberto Pagliano, por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados. En la denuncia pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

La denuncia del Gobierno, abarca al ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES), Federico Alejandro D’Angelo Campos, “y/o contra todo funcionario público y/o persona humana y/o jurídica que pudiera haber participado en cualquier carácter en maniobras delictivas”.

Adorni anunció: “El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”. Advirtió sobre las “irregularidades detectadas” en los seguros y préstamos otorgados a jubilados, y destacó la política de “austeridad y transparencia que rige para toda la administración pública”