La ley que regula audiencias públicas no tiene consenso en la Legislatura y el debate por la minería se dilata

Las exigencias que demandó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en torno a la concreción de la minería en Chubut en aquella reunión con diputados provinciales, el sector petrolero y representantes de la Meseta, no cayeron bien en el gobierno provincial y la ley que regula las audiencias públicas para cualquier actividad quedará frenado en comisión un tiempo más, según los sondeos que realizó EL CHUBUT.
El problema medular es que ningún sector quiere pagar el costo político en un escenario electoral que abrió un signo de interrogante por la posibilidad de adelantamiento.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales esperan un mensaje claro y contundente del gobernador Mariano Arcioni pidiendo la aprobación de la ley que regula el debate de las audiencias públicas. Esto permitiría abrir oficialmente el juego a todos los sectores para que vuelquen sobre la mesa sus opiniones a favor y en contra de la minería.
Sin embargo, esa señal no llega. Por el contrario, según pudo conocer EL CHUBUT, el Ejecutivo provincial bajó un mensaje claro a sus diputados para frenar momentáneamente ese proyecto de ley. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales está integrada por los diputados Javier Touriñán, Blas Meza Evans, José Grazzini y Viviana Navarro del FPV; Jerónimo García y Adrián López de Chubut Somos Todos; Florencia Papaiani del Frente de Agrupaciones; Alfredo Di Filippo de Convergencia; y Manuel Pagliaroni (presidente) de Cambiemos. 

LA VISION DE CADA SECTOR
El Frente Para la Victoria - espacio que ostenta la mayor cantidad de diputados - no está dispuesto a pagar el costo político de respaldar la minería. Por eso, el líder de la bancada Javier Touriñán, activó sus reflejos y presentó una alternativa para que la responsabilidad no recaiga sobre el espacio kirchnerista.
El diputado y ex ministro de Gobierno en la gestión de Martín Buzzi, Touriñán, presentó un proyecto de ley para realizar una consulta popular vinculante en simultaneidad con las elecciones y de esta manera obligar a los candidatos a gobernador a opinar sobre un tema sensible.
El sector de Chubut Somos Todos era reticente a la minería, aunque en los últimos meses hubo un leve cambio sobre la posibilidad de abrir el debate sin demasiada participación e injerencia para evitar quedar «enganchados» en el lobby minero y de esta manera negociar con Nación una paquete de obras y desembolsos extra para Chubut.
Convergencia está a favor de las audiencias públicas y del desarrollo minero, pero con controles ambientales exhaustivos que hoy parecen estar lejos de poder efectivizarse.
El mackarthysmo entiende las necesidades de la Meseta, pero creen que la minería no resolverá las carencias estructurales que afrontan actualmente los jefes comunales de esta región. Si la votación por la minería fuera hoy, no levantarían sus manos. 
Por último, Cambiemos (conformado netamente por la UCR) afronta el dilema de su oposición histórica a la actividad con el discurso a favor que despliega el gobierno nacional. Dentro del radicalismo hay posturas categóricas en contra de la minería, como es el caso de Jacqueline Caminoa y una visión más abierta, pero no a favor, como la de Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni.
El radicalismo pretende y considera que el debate minero debe ser promocionado por el gobierno provincial. No se moverán de ese paradigma, principalmente por el posicionamiento rotundo que tuvo el partido a lo largo de la historia. En este marco, el proyecto de audiencias públicas quedará archivado un tiempo más en comisión.