Redadas y detenidos en Cataluña por desvío de fondos públicos a la causa independentista"

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegaron un gran operativo, bautizado "Estela", en busca de pruebas sobre el desvío de fondos en varias sedes del gobierno catalán, la Diputación de Barcelona, empresas y entidades sin fines de lucro de varios municipios de la norteña región. 
Entre los detenidos se encuentra Salvador Esteve, ex presidente de la Diputación de Barcelona, según fuentes policiales citadas por la prensa local. 
Esteve, del extinto partido nacionalista Convergencia i Unió (CiU), al que pertenecían los ex presidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, estaba al frente del organismo del que proceden los fondos públicos desviados, entre el año 2012 y 2015. 
El juzgado número 1 de Barcelona, que coordina el operativo, libró una treintena de órdenes de detención contra funcionarios y políticos, entre los que figuraría el diputado del parlamento catalán Francesc Dalmases, una persona muy cercana al presidente catalán Quim Torra y al ex presidente Puigdemont. 
Los investigadores apuntan al desvío de un total de 10 millones de euros, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma al menos 2 millones de euros, que estaban destinados a proyectos de agua y recogida de residuos, entre otros, para distintos países de Latinoamérica, además de Marruecos y Bosnia. 
A los detenidos se les imputa la presunta comisión de delitos de prevaricato, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones. 
Según la investigación, el dinero que manejaba la Diputación de Barcelona y que estaba destinado a la cooperación internacional para la ayuda al desarrollo nunca llegó a los proyectos sino que sirvió para el lucro personal o al proceso de secesión. 
El Ejecutivo central del presidente Mariano Rajoy, que intervino las cuestas de la región para evitar que se utilizara dinero público para financiera la secesión, asegura que ni un euro de fondos del presupuesto fue utilizado para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, que había sido declarado ilegal por la Justicia española. 
No obstante, la policía descubrió que la ayuda solidaria a los países en desarrollo habría sido una de las vías de financiación de los secesionistas durante varios años.