La educación y el conocimiento

Es que efectivamente tal jueza ha dictado una medida cautelar que, según la información periodística, establece que los docentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly deben concurrir a los establecimientos educativos y dar clases bajo la intimación de que si así no ocurriera serían sancionados con multa. 
Vamos a tratar de no confundir la cuestión. Esta medida cautelar nace por un amparo iniciado por padres que seguramente hacen valer el derecho de sus hijos de recibir educación.

El artículo 18 de la Constitución Provincial, entre los derechos personales, establece en forma taxativa el derecho, en su punto 5º, a enseñar y aprender, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y científica y a participar de los beneficios de la cultura, derechos que no pueden coartarse con medidas limitativas de ninguna especie. En el artículo 24 punto 8, en su última parte, se establece que «queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga, y que ninguna medida de fuerza resuelta por una asociación gremial puede afectar la efectiva prestación de los servicios públicos mínimos esenciales bajo pena de su declaración de ilegalidad». 

Sería demasiado complejo analizar el conflicto entre el derecho individual y el derecho colectivo, por eso quiero centrarme en lo que considero invalida la medida cautelar y observada desde el punto de vista del conocimiento. ¿Quien educa en una escuela y en clase? Evidentemente es una pregunta absurda. Todo el mundo sabe que es el docente y no precisamente un robot. El docente es quien colabora en la construcción  del conocimiento, pero, ¿a quien? Otra pregunta absurda, al educando, al alumno. Al alumno se lo ha considerado el sujeto de la educación porque precisamente a través del proceso formativo escolar, del aprendizaje de las materias básicas y del razonamiento y el espíritu crítico no solamente podrá resolver los inconvenientes de la vida, sino que podrá contribuir para el conjunto y en primera instancia partir de la base esencial que le permita tener igualdad de oportunidades y forjar su libertad. Ahora bien, la jueza ordena bajo una amenaza que el docente transmita conocimientos. ¿Esto es posible? Probablemente en un sistema totalitario pudiese ser posible, y con veedores políticos que, capacitados, evaluarían la labor del docente y el cumplimiento de los programas. Pero en una democracia donde imperan los derechos individuales y la libertad, ¿no estaremos dejando librados al azar el destino de las mentes de los educandos? Es cierto que irán a la escuela, pero, ¿estarán recibiendo conocimientos? ¿No estaremos generando una desigualdad frente a la ley? 

Creo que a la jueza se le fue la mano, más allá de los recursos jurídicos que puedan existir, pero no se protege al educando con maestros coaccionados, todo lo contrario. La educación y la construcción de conocimientos no se produce meramente por tener una escuela abierta y es imposible formar a las personas en los valores y principios éticos y desarrollar sus habilidades y destrezas para lograr un buen desempeño en los diferentes ámbitos de la vida social, en el mundo del trabajo, la vida familiar, el cuidado del medio ambiente, la cultura, la participación política y la vida de su comunidad cuando se parte del autoritarismo. Estamos viviendo momentos difíciles, es verdad, pero con mayor razón hay que actuar con prudencia y moderación y siempre dentro de la ley. La escuela no es una fábrica donde funcionen máquinas, todo lo contrario. Hay que resolver un problema de fondo con dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y con sectores gremiales que entiendan y participen racionalmente en esta encrucijada compleja. Básicamente hay que proteger a la niñez y a la juventud que necesitan los conocimientos para mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Para cambiar una cultura que por años nos ha generado frustraciones no necesitamos docentes amenazados ni atemorizados. Necesitamos docentes capacitados que en libertad practiquen sus derechos a enseñar y padres que con la seguridad de que envían a sus hijos a una escuela pública no solamente le garanticen el derecho de aprender sino que completen una formación que les darán las oportunidades para su futuro. En el interín que el Poder Judicial busque otro tipo de financiamiento y que sea virtuoso, no con multas ilegítimas.