Imputaron a afiliados del STIA por violenta manifestación en una pesquera

El dato cobra relevancia porque es la primera vez que la Justicia actúa ante eventos de estas características donde sindicatos realizan actos violentos en empresas pesqueras. Dos afiliados al STIA quedaron imputados y deberán enfrentar un proceso penal y sus eventuales consecuencias por los episodios de febrero pasado.

La semana pasada se llevó a cabo Audiencia de Apertura de Investigación, en el marco de la Causa Penal iniciada por la denuncia interpuesta por Grupo San Isidro contra los representantes del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), por los episodios ocurridos en el marco de la violenta manifestación sindical. En dicha audiencia, la Jueza interviniente, Dra. Patricia Asaro, ordenó la apertura formal de la investigación contra Maximiliano Agustín Oggero y Brian Marcelo Ubilla por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “daños” perpetrados contra empleados de la empresa pesquera en cuestión.

Una de las medidas que adoptó la magistrada fue la “Prohibición de Acercamiento”, de modo tal que ninguno de los acusados podrá contactarse ni acercarse a los miembros ni colaboradores de la empresa, todo ello por un plazo de seis meses. La medida es inédita en el ámbito pesquero.

El procesamiento de activistas sindicales por parte de la Justicia ante hechos violentos, en manifestaciones vinculadas a la actividad pesquera representa un cambio de época, ya que a lo largo de los años se ha multiplicado este tipo de accionar, y se lo asimilaba como parte de la protesta.

El bloqueo de ingresos a plantas, la quema de portones, el impedimento de entrada de empleados, el hostigamiento a directivos, ha venido siendo una mecánica que los gremios utilizaban sin ninguna consecuencia. Ahora, en este caso particular dos miembros del STIA podrían ser llevados a juicio y enfrentar penas de prisión de efectivo cumplimiento.

El método del apriete alentado por dirigentes sindicales, que no se ponen al frente de las manifestaciones, sino que envían a sus afiliados a poner el cuerpo, no debiera ser una forma de dirimir reclamos o demandas laborales.

Hace poco tiempo atrás, un directivo de una pesquera fue trompeado a la salida de la delegación de la Secretaría de Trabajo, y lo mismo había ocurrido con un abogado de otra empresa, a manos de sectores violentos del mismo gremio.

La apertura de investigación, el procesamiento de dos activistas y la prohibición de acercamiento deja en claro que ‘no vale todo’ y que ese tipo de accionar tiene consecuencias. (Fuente: Parte de Pesca)