Regionales

Nada mas inoportuno que los juicios por jurados

Seguramente que no hacen faltas encuestas para comprobar el generalizado rechazo de los habitantes del Chubut al proyecto creando juicios por jurados que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados aconsejando su rápido tratamiento.


Como se sabe, dicha iniciativa dio lugar a un interesante debate llevado a cabo en el Salón Azul de EL CHUBUT, cuyos protagonistas fueron los conocidos juristas Alfredo Pérez Galimberti y Luis López Salaberry, quienes con abundancia de citas históricas y jurisprudenciales pusieron de manifiesto una amplia versación en la materia, destacando virtudes y defectos del sistema, que concitó la atención de una nutrida concurrencia.

 


Sin entrar en la consideración de específicos aspectos del proyecto que ya tiene estado parlamentario, la oposición de buena parte del pueblo chubutense cabalga sobre diversos temas, pero prevalece especialmente el de la oportunidad. Quienes se oponen estan contentos en que si había un momento en que su aplicación sería un garrafal error por las consecuencias que podría producir, era precisamente el que actualmente se está viviendo en la provincia.

 

La inseguridad pública y el grado de impunidad de la que gozan los delincuentes supera lo imaginable. Se han llevado por delante a la Justicia a la que le han perdido temor y respeto. La magnanimidad demostrada hacia ellos en muchos casos en delitos de extrema gravedad, ha logrado que la gente le haya perdido confianza. Y eso se pone claramente de manifiesto cuando muchos hechos no se denuncian y si se denuncian omiten los nombres de los autores por temor a ser víctimas de sus venganzas. Lo mismo ocurre frente a graves ilícitos cometidos a plena luz del día y en centros densamente poblados. Nadie quiere salir de testigo. Todos son sordos y ciegos. Esta es una realidad en el Chubut que tampoco necesita que se hagan encuestas para saberlo.

 

Su población, sin distingos de ninguna naturaleza, vive con el temor adherido a la piel. Si es harto sabido que no han sido pocos los vecinos de algunas localidades de la provincia que se han visto obligados a cambiar de domicilio por las amenazas recibidas por quienes habían sido objeto de denuncias por ilícitos y rápidamente fueron devueltos a la calle. Si estas han sido las consecuenias de casos menores, no es necesario agudizar mucho el ingenio para imaginarse cual sería el comportamiento de los familiares o amigos del sujeto al que por su juicio de jurados fue condenado a prisión por tan largo tiempo. Quienes lo juzgaron vivirán con la Espada de Damocles sobre el cuello. No solamente ellos sino también su entorno. Y en el caso de las absoluciones, los vengadores estarán en el círculo íntimo de las víctimas que se consideran defraudadas. La mafia no perdona. Para ella, la vida humana no tiene ningún valor.

 


Desde que esa iniciativa tomó estado público, fue un tema que nunca faltó en los corrillos políticos especialmente de esta ciudad y en los últimos días, un grave hecho donde fue alevosamente asesinada una menor, cuya autoría se le adjudica a una mujer empleada de la Municipalidad de nada recomendables antecedentes, sirvió para reavivar la discusión sobre los riesgos que correrán quienes por imperio de los juicios por jurados, deban resolver hechos de esa naturaleza, de tan enorme repercusión y trascendencia. No faltó quien opinara que quienes tengan tan ingrata tarea de resolverlo, lo primero que tendrían que hacer antes de emitir el veredicto, es preparar las valijas y tener el pasaporte actualizado.
Lo que propone el Estado es peligroso desde todo punto de vista y en nada contribuirá al mejoramiento de la Justicia provincial. La única forma de mejorar esta cuestionada justicia es la constitución del Consejo de la Magistratura con profesionales idóneos y con experiencia, cuyas designaciones no respondan a intereses políticos circunstanciales sino en un definido y claro concepto de la independencia de Poderes.

 


Los legisladores de nuestra joven provincia han sido puestos en una encrucijada que no se puede resolver alegremente. No se trata de levantar la mano por fidelidad partidaria. Se trata de un imperativo de conciencia donde estará en juego la seguridad y la vida de los ciudadanos.
 Y cuando se está frente a esos sagrados derechos humanos, no se puede actuar por impulsos emocionales sino con el raciocinio que las circunstancias aconsejan. Y ese raciocinio aconseja el rechazo de esa iniciativa. El clima de violencia imperante en la provincia es de extrema gravedad que obliga a actuar con plena responsabilidad. No dejando nada librado al azar.
 

 

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