Regionales

Peor el remedio que la enfermedad

A partir de existir en estado parlamentario el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta modificar el Código Procesal en Materia Penal con la introducción obligatoria para el imputado de tener un juicio por jurados, en ciertos delitos, se están desplegando estrategias con las que cuentan algunas instituciones y personas.

Lo que pretenden, evidentemente, es introducir metodologías que nada tiene que ver con nuestra historia y cultura jurídica. Esta táctica, que en sí misma nada tiene de perniciosa, cuando se la analiza en profundidad adquiere características que merecen una reflexión profunda, por cuanto el tema se las trae.

 


 Hoy la cuestión no está dirigida a entender si en verdad los argentinos necesitamos un cambio cultural, yo creo que sí, pero este debería ser producto de una elaboración nacional y no precisamente impuesto por historias, antecedentes y realidades totalmente diferentes. Sería como querer imponer el sistema de salud pública norteamericano frente a las virtudes del nuestro. Seguramente los norteamericanos no invitarían al Congreso a expertos argentinos para que expliquen nuestro propio sistema que, si bien merece correcciones, implica una mayor justicia para la atención de la salud de la población.
 Pero retornemos a los jurados. En una provincia donde existe un déficit mayor a los 3.000 millones de pesos anuales y donde el sistema acusatorio y adversarial requiere de elaboración, y una mayor coherencia entre la práctica y la teoría, sostener que la Provincia del Chubut tiene las condiciones ideales, es una verdadera falacia. Que la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales adhieran a una eventual modificación del paradigma; que el Colegio de Abogados de Trelew haga lo propio, sin haber discutido en una asamblea extraordinaria la postura, da la sensación que existe más una subordinación al Poder Ejecutivo que una libre determinación. Sería un absurdo olvidar los embargos a los activos provinciales, considerándose los jueces acreedores, o la dependencia por servicios al Estado que muchos abogados hoy prestan, los que lo hacen parciales en sus determinaciones. Ni que decir de las posturas públicas de los integrantes del Consejo de la Magistratura que se producen por las partidas presupuestarias que no le son entregadas, para uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución que es la elección de los integrantes de los Ministerios Públicos y la Magistratura.

 


 Jaqueado el sistema por una cuestión presupuestaria pretendemos aumentar el déficit con la aplicación de un sistema inviable. Insisto, no estoy analizando sus características internas, de la que hay mucho que decir. Solo estoy haciendo un comentario refutando aquella que «estamos ante una situación ideal». En primer lugar para estar en una situación ideal deberíamos tener Ministerios Públicos capacitados. No solamente en cuanto a la idoneidad de sus integrantes sino contar con los instrumentos, tecnológicos y modernos para el trabajo de investigación. Con una policía científica y una policía judicial especializada que respondan a criterios de investigación y subordinada a personas calificadas. No solamente a manejo de personal sino al seguimiento en tiempo completo a las distintas alternativas causales que ofrece un delito. Deberíamos contar también con magistrados que asuman su responsabilidad y capacidad para actuar frente a la inmediatez y no solamente tener la aspiración del cargo para obtener un buen sueldo, al que se le puede sumar en el tiempo de los procedimientos estar dictando cátedras, también muy bien pagas, en distintas universidades. Podríamos hacer una larga lista de tales funcionarios acreedores del Estado y deudores de la sociedad.

 


Ni que hablar de las cuestiones edilicias. Este que es todo un tema los norteamericanos lo tienen bien resuelto. Solo es necesario trasladarse hasta los tribunales civiles o criminales del país del norte para poder apreciar los ámbitos de discusión. No existe en nuestra provincia nada parecido y mucho menos en la Provincia de Buenos Aires, donde afortunadamente el sistema es optativo para el imputado. Solo en una cuestión civil en los EEUU se encuentran obligatoriamente más de treinta personas, de las que la mayoría ni se conoce entre si, independientemente de aquellas que pretendan concurrir para observar el trámite. ¿Alguien puede sostener que la Provincia tiene la infraestructura adecuada? ¿O, en todo caso, el presupuesto para las modificaciones? ¿O creemos que subiendo la tasa judicial, que de por si ya es un despropósito porque inhabilita a muchos para acceder al sistema, podremos otorgar la solución?
 Se pretende, so pretexto de democratizar el Poder Judicial, lo que conceptualmente es inaplicable cuando del sometimiento a la ley se trata, introducir una costumbre legendaria (sus inicios se encuentran en la Edad Media en Inglaterra), que seguramente a ciertos grupos con otros intereses les podría resultar un antecedente interesante.
En definitiva serán los representantes del pueblo los que deberán decidir pero aquellos que estén convencidos que se mejorará la administración de justicia, deberán obligatoriamente hacer una lectura a fondo de la Constitución Provincial, la que no solamente utiliza la frase sino que en varios de sus artículos respeta los derechos de las víctimas y obliga a los funcionarios judiciales a motivar sus resoluciones y sentencias. Hoy la sana crítica racional no puede de buenas a primeras ser modificada por las libres convicciones. Diría un sociólogo moderno: «Dentro de la ética entendida como responsabilidad».
 

 

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