Hubo acuerdo para un nuevo esquema de reintegros en exportaciones patagónicas

Como había adelantado EL CHUBUT, no se insistirá en el Congreso nacional con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, que eliminó los reembolsos por puertos patagónicos. Un nuevo esquema está a punto de cerrarse y hay un principio de acuerdo entre la Nación y las provincias de la región. 
Ayer se realizó una reunión del Secretario de Interior, Sebastián García de Luca; el coordinador del Plan Patagonia, Ignacio Torres; el vicegobernador y el ministro de la Producción de Santa Cruz, Pablo González y Leonardo Alvarez, respectivamente; y los senadores Alfredo Luenzo, María Ester Labado y José Ojeda. 
Según resaltó «Nacho» Torres en diálogo con este diario, el objetivo del encuentro en Casa Rosada fue llegar a una solución respecto de los reembolsos eliminados en noviembre de 2016, motivo por el cual los legisladores patagónicos buscan revertir la decisión y encontrar una salida.
Se impulsará un proyecto de Ley que establece reintegros con certificados de origen para favorecer la generación de empleo en Patagonia y que se exporte por los puertos de la región, buscando así darle mayor competitividad a la región. 

REACTIVACION DE LA CONADEPA
La propuesta de legisladores nacionales de la región encabezados por el chubutense Luenzo, y tal como lo adelantara EL CHUBUT, se reactivará la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica (Conadepa), que fuera creada en 1986 «para avanzar en el desarrollo de la región». Y «se insistió en la constitución de un sistema de aportes destinados a la creación de un fondo de reconversión productivo en zonas impactadas», manifestó el senador Luenzo.
«Los beneficios de una ley que establezca reintegros a las exportaciones por nuestros puertos, son fundamentales para activar y lograr favorecer el crecimiento de la región, objetivo que venimos buscando hace tiempo», agregó Luenzo.
En las próximas horas se terminará de consensuar el proyecto entre los legiladores y el Ejecutivo nacional, pretendiendo así restituir competividad a los sectores productivos de la región, sumado a un fondo para la reconversión y obras de infraestructura.