Legislatura aprobó por unanimidad la suba del 60 % en las asignaciones familiares

El Gobierno provincial, los diputados y los trabajadores lograron después de mucho tiempo consensuar en forma rápida una ley que beneficia a los empleados de la administración pública de los tres poderes del Estado. La norma fue aprobada por unanimidad en la sesión de ayer de la Legislatura.
Con la suba del 60%, las asignaciones familiares mutarán de $ 872 mensuales a $1.395. El Gobierno provincial invertía mensualmente 35 millones de pesos por este beneficio y ahora el monto trepará a los 57 millones de pesos.
La medida entrará en plena vigencia a partir el 1 de octubre de 2018 y el beneficio alcanza a todo el personal dependiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autárquicos descentralizados y sociedades del Estado.
Otro de los ítems importantes, que quedó plasmado en la ley aprobada en la sesión de ayer por unanimidad, es la actualización que deberá efectuar el Gobierno provincial el 1 de febrero de cada año, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumidor de la Región Patagonia, publicado por el INDEC.
El diputado del Frente para la Victoria, José Grazzini, reconoció «el gesto del Gobierno» por actualizar las asignaciones familiares y destacó «el gran acuerdo político» de todos los partidos. Desde el mismo sector, el legislador David González fue verborrágico y ante un palco repleto de trabajadores señaló que «esto también es mérito de los trabajadores. Hay que ser justo, agradecer a los diputados, pero también agradecer enormemente a todo el movimiento obrero».
La presidenta del bloque Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani, celebró «la predisposición del Gobierno», pero también enfocó su discurso «a la lucha incansable de los trabajadores» para lograr este beneficio.
 
FRENO A LA REPROGRAMACION DE LA OBRA PUBLICA
 El bloque de Chubut Somos Todos se quedó con un sabor amargo porque no logró reunir los votos necesarios en comisión para votar el proyecto de ley enviado por el gobernador Mariano Arcioni para rescindir, paralizar y reprogramar los contratos de obra pública. El despacho había sido firmado por cinco diputados, aunque dos de ellos se arrepintieron y tacharon la firma, con lo cual el proyecto quedó en comisión.
Esto generó malestar en el bloque oficialista. El presidente Jerónimo García cuestionó que con esta traba «la obra pública sigue paralizada» y recordó que en Trelew hay dos obras importantes como «el Centro de Encuentro y el Hospital de Trelew», que tiene en vilo a muchos trabajadores.
Este freno al proyecto llegó hasta la oficina del intendente Adrián Maderna, quien no dudó en hacer algunos llamados telefónicos a un grupo de diputados para solicitarles respetuosamente que acompañen el proyecto.
Sin embargo, las comunicaciones no tuvieron efecto y la propuesta del Gobierno para renegociar las condiciones de las obras paralizadas deberá esperar.
Alfredo Di Filippo de Convergencia sugirió «paciencia» y remarcó que el proyecto «será aprobado», aunque solicitó «tiempo» para elaborar una propuesta superadora.
 
EMERGENCIA DE EXPLOTACION 
DE ALGAS
Los diputados también aprobaron por unanimidad la ley que presentaron Blas Meza Evans y Gabriela Dufour del FPV, y que declara por 120 días en todo el territorio provincial, la «emergencia en materia de explotación de algas de las playas y del mar territorial».
Esta iniciativa fue acercada por el secretario general del STIA, Luis Nuñez, quien representa a los trabajadores que están en conflicto con la empresa Soriano.
En forma paralela, se aprobó una ley sobre la misma temática, que establece que todas las concesiones y permisos sean intransferibles, salvo autorización expresa del Ejecutivo indicando que las áreas comprendidas por las concesiones y permisos serán de uso exclusivo de los concesionarios y permisionarios a los efectos de la explotación de algas.
Por lo que queda expresamente establecido que la explotación de áreas concesionadas debe ser realizada directamente por el concesionario o el permisionario, prohibiéndose su locación o explotación por convenios con terceros.