El proyecto de juicios por jurados con similar rechazo al del Senado

Es probable que no sería fácil encontrar en la historia democrática del Chubut iniciada en 1958, que dos proyectos de ley emanados del Poder Ejecutivo hayan generado tanto rechazo popular como los relacionados con la creación de la Cámara de Senadores y la instauración de los juicios por jurados que tendrían competencia para resolver causas por determinados delitos para los cuales el Código Penal fija prisión superior a los catorce años de cárcel. A ambos se los cuestiona, no sólo por sus contenidos, sino también por la inoportunidad en la que fueron presentados.

Del primero ya no se habla más. Todo hace suponer que ha primado la cordura y que finalmente se comprendió que en nada contribuiría al mejoramiento de la calidad institucional de la provincia. No alcanzaba con el interés que solamente había despertado en el reducido, desorientado y desprestigiado mundillo de una política donde los intereses económicos han reemplazado a las ideologías, y la ética y los principios juegan a las escondidas.

Evidentemente, estaba en franca colisión con el concepto universal del achicamiento del Estado. Un tema que nunca faltó en los discursos preelectorales que rápidamente se olvidaban cuando se llegaba a la Casa Rosada. Es que generalmente en el número de empleados estatales se basaba el sueño de quienes querían perpetuarse en el poder. Así fue que el Estado se convirtiera, desde hace un largo par de años, en el empleador más importante de la República. Asumió el rol que en todo país progresista asume la actividad privada.

El Chubut, por supuesto, no escapó de esa situación y buena parte de su presupuesto se agota con el pago de salarios a sus empleados. Precisamente, ese problema es permanente preocupación del mandatario provincial que con frecuencia, poniendo singular énfasis, arengan a sus funcionarios y a los jefes comunales, en la imperiosa necesidad de manejar con suma prudencia los dineros públicos, priorizando la inversión en obras y servicios esenciales.

De ahí, que apareciera como una contradicción la suscripción del proyecto sobre el Senado, que no estaba ni remotamente en el imaginario popular. La concreción de esa sorprendente iniciativa demandaría la inversión de cifras varias veces millonarias, habida cuenta de que su presupuesto no sería muy inferior al que actualmente tiene la Cámara de Diputados, cuya generosidad es frecuentemente recordada por el gobernador pero, precisamente, no para elogiarlo.

En lo que atañe al juicio por jurados el rechazo es similar, pero la preocupación de la gente es mayor porque irresponsablemente e insensiblemente se pone en riesgo su seguridad al obligarla a juzgar a delincuentes que cometieron delitos con penas superiores a los catorce años de prisión, lo que ya de por sí configura la peligrosidad de los mismos. La principal oposición a la creación de los tribunales populares, consiste generalmente en el grado de vulnerabilidad a la que estarán expuestos quienes los integren, ante las posibles venganzas de los familiares y amigos de los condenados. O, en caso contrario, de los absueltos.

La prensa del país, diariamente nos tiene informados de hechos de esa naturaleza, lo que nos exime de abundar en mayores comentarios. No es el momento. La peligrosidad delincuencial no tiene códigos, no tiene límites. El hampa no perdona. Para el hampa, cualquiera sea el nivel de sus integrantes, la vida humana no tiene valor.

Los legisladores que deben expedirse sobre ese trasnochado proyecto, antes de levantar la mano deberán consultar con sus conciencias. Si lo hacen, posiblemente lleguen a la conclusión de que la obediencia debida debe desecharse cuando está en juego la vida humana. Por haberse hecho un culto de ese concepto castrense, todavía estamos llorando a las víctimas.