Magistrados expresaron su «preocupación por constantes descalificaciones» del Gobierno y los legisladores

«Cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los disensos forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Por el contrario, las descalificaciones de las decisiones judiciales, a integrantes de la magistratura, las amenazas con promoción de juicios políticos o de sanciones mediáticas, son acciones que deslegitiman y debilitan los sistemas judiciales y propician que la ciudadanía respete cada vez menos a la institución judicial y no recurra a ella como garantía de sus derechos», expresa el documento.
Además, el texto remarca que «no se puede desconocer que existe gran preocupación en la sociedad por la creciente inseguridad que se vive en diversas zonas de la provincia y por la corrupción estatal y que legítimamente reclama que los funcionarios de todos los poderes del Estado cumplan con las responsabilidades».
«Es importante señalar que tanto la corrupción pública como el crecimiento del número de delitos contra la propiedad, no sólo nos preocupa sobremanera, sino que, fundamentalmente, nos ocupa adoptando diversas medidas que signifiquen aumentar la capacidad de respuesta de los tribunales», añade.

ERRORES
«En cuanto a los errores que pudieran contener las decisiones que se adopten en cada coso concreto, no puede soslayarse que el Poder Judicial es el único poder del Estado que garantiza la revisión de las resoluciones dictadas por sus integrantes -agrega- pero además existen los mecanismos legales y constitucionales para que las personas afectadas por la decisión realicen la denuncia pertinente ante los organismos de control y estos resuelvan si existió o no un incumplimiento funcional y apliquen las sanciones que correspondan».
«La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial», dice el comunicado.

DESIGNACION Y CUESTIONAMIENTO
«Es el Gobernador -con la aprobación del Poder Legislativo- quien tiene la facultad de designar a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia», expresa la nota, agregando que «para ello deben dar cuenta de su capacidad para diseñar un sistema de justicia que garantice algunos presupuestos indispensables para superar los nuevos problemas sociales y sean capaces de responder con efectividad a las necesidades y expectativas cambiantes de la sociedad».
«Una vez más, expresamos nuestra indeclinable posición respecto de las condiciones que deben reunir quienes accedan a la vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. El máximo órgano de justicia de la provincia debe integrarse con personas que cumplan con estándares profesionales más elevados y de acreditada lucha en la defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos, con conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del sistema judicial y que demuestren una trayectoria proactiva en contra de la violencia de género», sostiene.
En ese sentido, «expresamos nuestra preocupación ante las diversas noticias, no desmentidas por el Gobierno provincial, que dan cuenta que el señor Gobernador analiza la posibilidad de proponer para ese cargo dos abogados de otras jurisdicciones». 
«Sostiene la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial con relación a las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política o entre aquella y el ejercicio independiente de la profesión de abogado: ‘la garantía de imparcialidad absoluta del juez no sólo debe ser real sino también aparente, conforme se indica en el artículo 11 del Código Iberoamericano de Etica Judicial, condición que se torna más compleja de cumplir frente a jueces que han alternado la judicatura con el ejercicio de la profesión de abogado o la militancia política», manifiesta la Asociación.
«En otras palabras, los jueces son los encargados de velar porque el interés general prevalezca sobre mezquinos intereses privados, y así mismo, de neutralizar el poder político cuando quiera que haya sido permeado por tráficos de influencias y corrupción. Es nefasto, entonces, para un Estado de derecho que los cargos decisorios de la Justicia, lleguen a ser ocupados por políticos con reconocida militancia partidista, o por abogados con ambiciones políticas y sin vocación judicial, pues es muy probable que, en vez de controlar los desvaríos de los otros poderes públicos, incurran en el despropósito de poner la función judicial al servicio de sus copartidarios o aliados políticos para obtener dividendos muy convenientes a sus aspiraciones futuras», enfatiza. 
«Cuando un político de oficio se infiltra en la Justicia, lo normal es que quiera regresar prontamente a la política y utilice el cargo judicial para ese propósito», sostiene el comunicado.
«En definitiva, respetar la igualdad de género, la procedencia regional y la idoneidad en la conformación del Máximo Tribunal de Justicia constituye una obligación institucional ineludible para los gobernantes. Desde su conformación, hace ya más de 66 años nunca hubo paridad de género ni estuvo representada la circunscripción del Noroeste del Chubut», remarca.
«Es imprescindible recordar que, sin la acción ética y responsable de todos los funcionarios del propio Estado la independencia judicial es una utopía. Exigimos que la Ley V Nº 152 sea interpretada en clave convencional y constitucional, por lo que exhortamos al señor Gobernador y a los legisladores chubutenses a garantizar los principios señalados a fin de asegurar un servicio de justicia eficaz, como cuestión fundamental para preservar los derechos humanos de toda la ciudadanía», dice el texto, agregando que «la selección debe hacerse respetando la idoneidad y la paridad de género, razón por la cual debe ser una mujer la que ocupe el cargo vacante».