La Legislatura aprobaría en la sesión de hoy los proyectos de creación de la Empresa de Energía del Chubut SA y la intervención por 12 meses del Ente Regulador de los Servicios (ENRE), cuyo titular el lucifuercista Gustavo Monesterolo, será desplazado y el Ejecutivo provincial designará un remplazo.
La empresa de energía había sido incluida en el paquete de leyes económicas y productivas que el gobierno de Ignacio Torres consiguió sacar en la última sesión de la Legislatura, pero a último momento la retiraron para hacerle algunos retoques.
Ayer la creación de la EPECH SA tuvo dictamen favorable de comisión y todo indica que el oficialismo tendría los consensos para sacar la ley. La empresa de energía cuenta con 60 % de participación estatal y 40 % de participación de privados. Contempla «la explotación de toda fuente energía eléctrica, su transporte, almacenamiento distribución e industrialización, y también la comercialización de sus productos», dice la ley.
La empresa busca darle centralidad al estado provincial en el mercado eléctrico mayorista regional para corregir inequidades y asimetrías históricas, y desarrollar los recursos naturales. Abarca desde la operación de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y solares hasta el desarrollo de fuentes de energía eólica, solar, maremotriz, basada en hidrógeno, biomasa y geotérmica.
A su vez, prevé la creación del «Mercado Eléctrico Mayorista Regional Chubut», compuesto por centros de oferta de energía, los cuales podrán ser fuentes provinciales o nacionales a través de Cammesa. También incluye una red provincial de transporte y los centros de distribución.
La ley señala que «se determinará que los demandantes (distribuidores) paguen una tarifa uniforme estabilizada cada 90 días, medida en los puntos de recepción, que incluirá lo que perciben los generadores por los conceptos señalados en el párrafo precedente, y los costos de transporte entre los puntos del suministro y recepción».

«IRREGULARIDADES» EN EL ENRE
Por otro lado, hoy saldría aprobada la intervención del Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos (ENRE), cuyo consejo directivo está integrado por el lucifuercista Gustavo Monesterolo y Gabriela Calles, quienes serán desplazados. La intervención del ENRE era algo que el gobierno de Torres ya venía manejando como una posibilidad al ver que no había resultados concretos. En la fundamentación del proyecto, el Ejecutivo provincial remarca que es necesario «regularizar» el ente autárquico y hace notar que se detectaron «irregularidades».
«Se suma a esta situación de incumplimiento de los fines de su creación, las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en relación con los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Por todo esto, resulta imprescindible regularizar el organismo autárquico en cuestión, tanto funcional como contablemente», dice el proyecto que lleva la firma del gobernador Torres. 
Al mismo tiempo, según consignó ADNSUR, en un artículo publicado a finales de abril, el gobernador Torres habría tomado la decisión de «despedir a los dos integrantes del directorio, al enterarse de una operación millonaria para la compra de un inmueble que nunca había sido comunicada a las autoridades, en un contexto de total austeridad en las cuentas públicas».
El portal de noticias, en aquella oportunidad, expuso que propietarios de edificios habrían consultado «si estaban al tanto en el gabinete sobre el interés de Monesterolo por pagar una cifra exorbitante y se comenta incluso que la información de la inminente operación inmobiliaria habría llegado a oídos del gobernador de parte de algunos dirigentes del gremio de Luz y Fuerza». 
El ente autárquico, entre otros fines, tenía la función de fijar una «tarifa de referencia» para las cooperativas eléctricas. La mayoría de los municipios no adhirieron a la ley y esto nunca terminó de concretarse.