Durante la Guerra Fría, Estados Unidos realizó infinidad de pruebas atómicas que tuvieron graves consecuencias, tanto para nacionales como extranjeros. Científicos, soldados, pobladores inocentes perdieron sus vidas, o peor, se las arruinaron sin recibir compensación alguna. Un ex miembro del Senado y experto en el programa nuclear analiza los efectos nocivos y la falta de responsabilidad gubernamental.
| Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
En 1990 se sancionó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación. Recientemente, el Congreso se negó a ampliar su alcance para incluir a varios estados occidentales adicionales (incluidos los que están a favor del viento de la primera prueba atómica Trinity en Nuevo México), así como a los mineros tribales de uranio y a los residentes de Missouri afectados por la contaminación procedente del vertido ilegal de desechos del Proyecto Manhattan, origen de las bombas atómicas arrojadas sobre Japón.
Los legisladores no están dispuestos a que el país destine los miles de millones de dólares necesarios para arrimar, no digamos una reparación imposible, sino una indemnización.
Tengo cáncer viviendo a favor del viento de Trinity
Busco justicia para quienes anticiparon, sin saberlo, sin querer y sin compensación, la prueba de Trinity del 16 de julio de 1945.
Hablar por aquellos que han sido silenciados por la bomba y por aquellos que están sufriendo ahora.
Foto cortesía de Tina Cordova, cofundadora del Consorcio Tularosa Basin Downwinders
A pesar de la reciente decisión del Congreso de no ampliar el alcance de la Ley, el esfuerzo por obtener un resarcimiento para más víctimas de la radiación, no cesa, especialmente ahora que se avecinan elecciones en menos de un año.
La expansión de la Ley ha recibido apoyo bipartidista inusual en el Congreso, especialmente de miembros que representan a los estados afectados por el programa inicial de armas nucleares. No obstante, no se aprobó el proyecto.
Las víctimas de cáncer y sus familias están bien organizadas y no se dan por vencidas. La Ley de 1990 reconoció una necesaria disculpa explícita por poner a estadounidenses en peligro sin su conocimiento o consentimiento.
Hasta mayo de 2022, se han pagado beneficios de compensación a 30.092 participantes en el sitio de pruebas de Nevada, por un total de $ 1.630 millones.
Bajo la Ley 9.098 mineros de uranio y participantes de procesos que trabajaron hasta 1971 han recibido 974 millones de dólares en beneficios de compensación, incluida la atención médica.
En virtud de la legislación 139.973 trabajadores de armas nucleares han recibido 24.450 millones de dólares en compensación.
Sin embargo, son muchos los afectados que quedaron afuera.
El general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan, construyó una barrera destinada a bloquear demandas legales por lesiones y enfermedades por radiación. Esa barrera comenzó a resquebrajarse en la década de 1980 y ahora se ha derrumbado.
Según Stafford Warren, asesor médico de Groves, una preocupación primordial era proteger "los intereses del gobierno" contra demandas legales.
Al estado norteamericano le dolía y le duele el bolsillo.
En un memorando sobre la posible desclasificación de un estudio que sugiere que los niveles de exposición a la radiación ocupacional “pueden ser demasiado altos”, el jefe de la División de Seguros de la Comisión de Energía Atómica (AEC) declaró:
“Podemos ver la posibilidad de un efecto devastador en la moral de los empleados si se dan cuenta de que había razones sustanciales para cuestionar los estándares de seguridad bajo los cuales trabajan. En manos de los sindicatos, los resultados de este estudio agregarían sustancia a las demandas de pago por riesgos extra... El conocimiento de los resultados de este estudio podría aumentar el número de reclamaciones por lesiones ocupacionales debido a la radiación”.
El gobierno no escatimó en gastos para luchar contra las demandas presentadas por afectados. Sin excepción, los tribunales fallaron a favor de la agencia entonces encargada del programa nuclear del país, la AEC.
Quedó claro que el secretismo, el aislamiento y los privilegios habían corrompido la justicia y violado la confianza pública, con el fin de acumular el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo, al menor costo posible.
Los estadounidenses fueron puestos en peligro por el gobierno sin su conocimiento, merecen justicia y rendición de cuentas.
El primer país afectado por la detonación de una bomba atómica fue Estados Unidos, seguido por México y Canadá. Luego Japón. (Fuente Robert Alvarez – Bulletin of the Atomic Scientists)
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Durante la Guerra Fría, Estados Unidos realizó infinidad de pruebas atómicas que tuvieron graves consecuencias, tanto para nacionales como extranjeros. Científicos, soldados, pobladores inocentes perdieron sus vidas, o peor, se las arruinaron sin recibir compensación alguna. Un ex miembro del Senado y experto en el programa nuclear analiza los efectos nocivos y la falta de responsabilidad gubernamental.
En 1990 se sancionó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación. Recientemente, el Congreso se negó a ampliar su alcance para incluir a varios estados occidentales adicionales (incluidos los que están a favor del viento de la primera prueba atómica Trinity en Nuevo México), así como a los mineros tribales de uranio y a los residentes de Missouri afectados por la contaminación procedente del vertido ilegal de desechos del Proyecto Manhattan, origen de las bombas atómicas arrojadas sobre Japón.
Los legisladores no están dispuestos a que el país destine los miles de millones de dólares necesarios para arrimar, no digamos una reparación imposible, sino una indemnización.
Tengo cáncer viviendo a favor del viento de Trinity
Busco justicia para quienes anticiparon, sin saberlo, sin querer y sin compensación, la prueba de Trinity del 16 de julio de 1945.
Hablar por aquellos que han sido silenciados por la bomba y por aquellos que están sufriendo ahora.
Foto cortesía de Tina Cordova, cofundadora del Consorcio Tularosa Basin Downwinders
A pesar de la reciente decisión del Congreso de no ampliar el alcance de la Ley, el esfuerzo por obtener un resarcimiento para más víctimas de la radiación, no cesa, especialmente ahora que se avecinan elecciones en menos de un año.
La expansión de la Ley ha recibido apoyo bipartidista inusual en el Congreso, especialmente de miembros que representan a los estados afectados por el programa inicial de armas nucleares. No obstante, no se aprobó el proyecto.
Las víctimas de cáncer y sus familias están bien organizadas y no se dan por vencidas. La Ley de 1990 reconoció una necesaria disculpa explícita por poner a estadounidenses en peligro sin su conocimiento o consentimiento.
Hasta mayo de 2022, se han pagado beneficios de compensación a 30.092 participantes en el sitio de pruebas de Nevada, por un total de $ 1.630 millones.
Bajo la Ley 9.098 mineros de uranio y participantes de procesos que trabajaron hasta 1971 han recibido 974 millones de dólares en beneficios de compensación, incluida la atención médica.
En virtud de la legislación 139.973 trabajadores de armas nucleares han recibido 24.450 millones de dólares en compensación.
Sin embargo, son muchos los afectados que quedaron afuera.
El general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan, construyó una barrera destinada a bloquear demandas legales por lesiones y enfermedades por radiación. Esa barrera comenzó a resquebrajarse en la década de 1980 y ahora se ha derrumbado.
Según Stafford Warren, asesor médico de Groves, una preocupación primordial era proteger "los intereses del gobierno" contra demandas legales.
Al estado norteamericano le dolía y le duele el bolsillo.
En un memorando sobre la posible desclasificación de un estudio que sugiere que los niveles de exposición a la radiación ocupacional “pueden ser demasiado altos”, el jefe de la División de Seguros de la Comisión de Energía Atómica (AEC) declaró:
“Podemos ver la posibilidad de un efecto devastador en la moral de los empleados si se dan cuenta de que había razones sustanciales para cuestionar los estándares de seguridad bajo los cuales trabajan. En manos de los sindicatos, los resultados de este estudio agregarían sustancia a las demandas de pago por riesgos extra... El conocimiento de los resultados de este estudio podría aumentar el número de reclamaciones por lesiones ocupacionales debido a la radiación”.
El gobierno no escatimó en gastos para luchar contra las demandas presentadas por afectados. Sin excepción, los tribunales fallaron a favor de la agencia entonces encargada del programa nuclear del país, la AEC.
Quedó claro que el secretismo, el aislamiento y los privilegios habían corrompido la justicia y violado la confianza pública, con el fin de acumular el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo, al menor costo posible.
Los estadounidenses fueron puestos en peligro por el gobierno sin su conocimiento, merecen justicia y rendición de cuentas.
El primer país afectado por la detonación de una bomba atómica fue Estados Unidos, seguido por México y Canadá. Luego Japón. (Fuente Robert Alvarez – Bulletin of the Atomic Scientists)
