Representantes de 22 países avanzaron en Zamora con medidas para regular el uso de plataformas digitales y resguardar a niños y adolescentes. Argentina acompañó la declaración sobre infancia, pero se apartó de algunos puntos y del acuerdo sobre juventud.
| Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
Este miércoles los países iberoamericanos dieron un paso conjunto para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet, al comprometerse a “elaborar e impulsar” políticas públicas y herramientas orientadas a este objetivo. Entre las medidas acordadas, se incluyen exigencias a las plataformas digitales para implementar “mecanismos eficaces de verificación de edad”.
El compromiso se alcanzó durante una reunión ministerial celebrada en Zamora, España, que reunió a representantes de 22 países, entre ellos España, Portugal, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. El encuentro funcionó como instancia preparatoria de la XXX cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para noviembre en Madrid. Además, se consensuó la creación de un carné joven iberoamericano que permitiría acceder a descuentos en la región.
Durante la jornada matutina, centrada en infancia, los países firmaron una declaración conjunta en la que se aborda el impacto de los entornos digitales. El documento plantea la necesidad de “regular los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento [scroll] infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho [de los menores] a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes".
Argentina suscribió esta declaración, aunque dejó asentada una objeción específica. En una nota incorporada al final del texto, indicó que “se disocia de cualquier medida que implique la regulación estatal de contenidos, algoritmos o patrones de uso en plataformas digitales”. En ese sentido, afirmó que el Estado actuará frente a delitos concretos como la explotación sexual, pero “no intervendrá en la libertad de expresión ni en el funcionamiento del mercado digital bajo la premisa de ‘alfabetización mediática’ o ‘control de desinformación”.
La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, destacó la relevancia del encuentro, al señalar que no se realizaba una reunión de este tipo desde 2010. Subrayó además que, dado que el entorno digital “una dimensión global”, resulta “fundamental que haya espacios de coordinación, de articulación y de impulso de propuestas”.
En paralelo, distintos países y bloques avanzan en regulaciones similares. En España se encuentra en tratamiento una ley de protección de menores en entornos digitales, mientras que el presidente Pedro Sánchez anunció medidas para limitar la impunidad de las grandes plataformas. A nivel europeo, la Comisión inició una investigación sobre Meta por no “identificar, evaluar y mitigar [...] los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios” en Facebook e Instagram.
Uno de los principales desafíos sigue siendo cómo implementar sistemas efectivos de verificación de edad sin comprometer la protección de datos. Actualmente no existe un método completamente fiable. Incluso en Australia, que restringió el acceso a redes sociales a menores de 16 años, se registran dificultades para aplicar la medida.
En América Latina también hay avances: en marzo comenzó a regir en Brasil una ley orientada a proteger a niños y adolescentes en internet, considerada la primera de este tipo en la región. Entre otras disposiciones, prohíbe los videos con reproducción automática e infinita en cuentas de menores y exige mecanismos de control de edad.
El acuerdo alcanzado en Zamora refuerza esta tendencia global. Los países se comprometieron a “elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital”. También se estableció que las plataformas deberán contar con “canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos”.
Asimismo, se acordó la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, con el objetivo de promover estándares comunes y fortalecer la cooperación frente a los riesgos y oportunidades del entorno digital.
Por la tarde, los representantes mantuvieron una segunda reunión enfocada en juventud, que concluyó con otra declaración, de la cual Argentina decidió apartarse. Entre los puntos principales, se propuso la creación de un carné joven iberoamericano, similar al europeo, que permitiría acceder a beneficios en transporte, alojamiento y actividades culturales. Para su desarrollo, se prevé solicitar el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.
El documento también impulsa el fortalecimiento de programas de movilidad educativa, cultural y formativa en la región, y reconoce el rol “fundamental” de las juventudes en la consolidación democrática. En ese marco, se plantea “ampliar, fortalecer y consolidar mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas”.
Además, se incluye el compromiso de “promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz”.
Argentina dejó constancia de su postura en una nota al final del documento, donde expresó su decisión de “disociarse del contenido, acuerdos y compromisos plasmados en el documento, dado que algunos conceptos no guardan la necesaria simetría con las prioridades y lineamientos actuales de la Administración Nacional”.
El texto también aborda la necesidad de impulsar políticas de educación sexual integral, acceso a apoyo psicosocial y protección de los derechos de los jóvenes en entornos digitales. En este punto, Chile aclaró que el concepto de “educación sexual integral” genera debate interno y no cuenta con consenso político y social en el país.
Finalmente, los países coincidieron en señalar la emancipación juvenil “como uno de los principales desafíos estructurales” y se comprometieron a fortalecer políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda digna y asequible, así como a promover estrategias que garanticen empleo de calidad, reduzcan la informalidad y enfrenten las desigualdades que afectan a este sector de la población.
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Representantes de 22 países avanzaron en Zamora con medidas para regular el uso de plataformas digitales y resguardar a niños y adolescentes. Argentina acompañó la declaración sobre infancia, pero se apartó de algunos puntos y del acuerdo sobre juventud.
Este miércoles los países iberoamericanos dieron un paso conjunto para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet, al comprometerse a “elaborar e impulsar” políticas públicas y herramientas orientadas a este objetivo. Entre las medidas acordadas, se incluyen exigencias a las plataformas digitales para implementar “mecanismos eficaces de verificación de edad”.
El compromiso se alcanzó durante una reunión ministerial celebrada en Zamora, España, que reunió a representantes de 22 países, entre ellos España, Portugal, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. El encuentro funcionó como instancia preparatoria de la XXX cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista para noviembre en Madrid. Además, se consensuó la creación de un carné joven iberoamericano que permitiría acceder a descuentos en la región.
Durante la jornada matutina, centrada en infancia, los países firmaron una declaración conjunta en la que se aborda el impacto de los entornos digitales. El documento plantea la necesidad de “regular los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento [scroll] infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho [de los menores] a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes".
Argentina suscribió esta declaración, aunque dejó asentada una objeción específica. En una nota incorporada al final del texto, indicó que “se disocia de cualquier medida que implique la regulación estatal de contenidos, algoritmos o patrones de uso en plataformas digitales”. En ese sentido, afirmó que el Estado actuará frente a delitos concretos como la explotación sexual, pero “no intervendrá en la libertad de expresión ni en el funcionamiento del mercado digital bajo la premisa de ‘alfabetización mediática’ o ‘control de desinformación”.
La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, destacó la relevancia del encuentro, al señalar que no se realizaba una reunión de este tipo desde 2010. Subrayó además que, dado que el entorno digital “una dimensión global”, resulta “fundamental que haya espacios de coordinación, de articulación y de impulso de propuestas”.
En paralelo, distintos países y bloques avanzan en regulaciones similares. En España se encuentra en tratamiento una ley de protección de menores en entornos digitales, mientras que el presidente Pedro Sánchez anunció medidas para limitar la impunidad de las grandes plataformas. A nivel europeo, la Comisión inició una investigación sobre Meta por no “identificar, evaluar y mitigar [...] los riesgos que supone el acceso de menores de 13 años a sus servicios” en Facebook e Instagram.
Uno de los principales desafíos sigue siendo cómo implementar sistemas efectivos de verificación de edad sin comprometer la protección de datos. Actualmente no existe un método completamente fiable. Incluso en Australia, que restringió el acceso a redes sociales a menores de 16 años, se registran dificultades para aplicar la medida.
En América Latina también hay avances: en marzo comenzó a regir en Brasil una ley orientada a proteger a niños y adolescentes en internet, considerada la primera de este tipo en la región. Entre otras disposiciones, prohíbe los videos con reproducción automática e infinita en cuentas de menores y exige mecanismos de control de edad.
El acuerdo alcanzado en Zamora refuerza esta tendencia global. Los países se comprometieron a “elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital”. También se estableció que las plataformas deberán contar con “canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos”.
Asimismo, se acordó la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, con el objetivo de promover estándares comunes y fortalecer la cooperación frente a los riesgos y oportunidades del entorno digital.
Por la tarde, los representantes mantuvieron una segunda reunión enfocada en juventud, que concluyó con otra declaración, de la cual Argentina decidió apartarse. Entre los puntos principales, se propuso la creación de un carné joven iberoamericano, similar al europeo, que permitiría acceder a beneficios en transporte, alojamiento y actividades culturales. Para su desarrollo, se prevé solicitar el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.
El documento también impulsa el fortalecimiento de programas de movilidad educativa, cultural y formativa en la región, y reconoce el rol “fundamental” de las juventudes en la consolidación democrática. En ese marco, se plantea “ampliar, fortalecer y consolidar mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas”.
Además, se incluye el compromiso de “promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz”.
Argentina dejó constancia de su postura en una nota al final del documento, donde expresó su decisión de “disociarse del contenido, acuerdos y compromisos plasmados en el documento, dado que algunos conceptos no guardan la necesaria simetría con las prioridades y lineamientos actuales de la Administración Nacional”.
El texto también aborda la necesidad de impulsar políticas de educación sexual integral, acceso a apoyo psicosocial y protección de los derechos de los jóvenes en entornos digitales. En este punto, Chile aclaró que el concepto de “educación sexual integral” genera debate interno y no cuenta con consenso político y social en el país.
Finalmente, los países coincidieron en señalar la emancipación juvenil “como uno de los principales desafíos estructurales” y se comprometieron a fortalecer políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda digna y asequible, así como a promover estrategias que garanticen empleo de calidad, reduzcan la informalidad y enfrenten las desigualdades que afectan a este sector de la población.
