Barbato prestó declaración como testigo en el juicio contra su antecesor en Lotería

Barbato dijo durante la audiencia de ayer, que a poco de asumir, el 15 de diciembre del año 2015 -cuando reemplazó a Vargas ante el cambio de gobierno en la provincia-, recibió un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia que indicaba que ese organismo autárquico se encontraba en una profunda crisis económica, con 42 millones de pérdidas en cesación de pagos y sin medidas concretas para hacer ingresar dinero a sus arcas que le permitieran un normal funcionamiento. El mismo informe del Tribunal de Cuentas destacaba asimismo que llamaba la atención la importante cantidad de contrataciones directas por fuera de lo que indican las reglamentaciones internas.
«Comencé a revisar expediente por expediente cada una de esas contrataciones y tal cual era mi obligación, realicé la denuncia inmediata ante la Fiscalía de Estado y luego ante el la Justicia Penal», dijo Barbato ante los jueces.
Agregó que al analizar esas contrataciones «me llamó la atención que en general se había contratado a empresas monotributistas que se habían creado muy recientemente. Una de ellas por ejemplo había emitido sólo 17 facturas y todas a nombre del Instituto. Los nombres que recuerdo -puntualizó- eran por ejemplo Hacker, Tomada, Negro el 11, Ada Deportes. También nos llamó la atención los rubros de los servicios con las que se las había habilitado. Por ejemplo una misma empresa que ofrecía servicios de catering, también vendía sillas de plástico y herramientas. Hacía seis meses que Lotería no le pagaba a nadie porque estaba en cesación de pagos. Sin embargo estas contrataciones sí se pagaban».

TRIBUNAL Y ABOGADOS
El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por los jueces José García, Ivana González y Mirta Moreno. Vargas es defendido por el abogado penalista Fabián Gabalachis. 
En representación de la Fiscalía de Estado en carácter de querellante se encuentra el abogado Martín Castro, y por el Ministerio Público Fiscal el fiscal general Osvaldo Heiber. Mientras que para Castro, la calificación legal en contra de Vargas es la de «administración infiel contra la administración pública», para Heiber se trata de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Cabe destacar que en el inicio de la audiencia, el defensor Gabalachis puso en duda la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal.
El debate seguirá hoy a las 9 horas con la declaración de testigos del Ministerio Público Fiscal, entre ellos integrantes del Equipo Técnico Multidisciplinario que realizaron aportes técnicos a la investigación.