Sierra Pintada la reserva de uranio más grande del país IV

Si bien se supone que la remediación está en curso, no se sabe en qué etapa se encuentra, ni cuándo termnará. Según la CNEA desde hace décadas realiza monitoreo radiológico y ambiental del sitio.

Recientemente, en San Rafael se convocó una movilización por parte de Asamblea por el Agua. La convocatoria, realizada para el 3 de diciembre de 2025, fue en rechazo a varios proyectos mineros que avanzan en la Legislatura mendocina, y en particular con preocupación hacia posibles nuevos desarrollos mineros en la zona sur, que incluyen la reactivación de Sierra Pintada.

La protesta apuntaba al impacto sobre el recurso hídrico: activistas denuncian que con la minería se usan sustancias tóxicas, lo que, según ellos, pone en riesgo el agua destinada a consumo humano y actividades agrícolas de la región. También alertan sobre posibles “diques de colas tóxicas” que quedarían abandonados en la cordillera.

En su comunicado, la Asamblea por el Agua recalca que la reapertura de la mina de uranio va de la mano con un proyecto más amplio de expansión minera en la región, no sólo en San Rafael, sino también en otros puntos como El Sosneado o el río Diamante lo que, en su opinión, acrecentaría la presión sobre los recursos naturales.

La preocupación de la población se funda en que Sierra Pintada fue explotada entre 1975 y 1997, bajo la órbita de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para extraer uranio para centrales nucleares. Tras su cierre, quedaron residuos peligrosos: canteras agotadas, rocas estériles, colas de mineral, efluentes y “agua de cantera” que se acumulaban con uranio, arsénico y radioactividad.

Desde el inicio del siglo movimientos sociales y ambientales, en particular la Multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable, interpusieron demandas y recursos de amparo para frenar cualquier intento de reactivar Sierra Pintada, denunciando que los pasivos no estaban adecuadamente remediados.

Aún hoy esos pasivos están remediados solo a medias, el plan no se ha completado.

Según críticos, la reactivación minera sin una remediación completa representa “un riesgo ambiental ominoso”, con posibilidad de contaminación de suelos, agua, y emisión de radiación o metales pesados.

Como siempre, las autoridades se esconden tras mentiras o verdades a medias. Según las provinciales y la CNEA, lo que se está llevando a cabo es remediación, no reapertura o explotación minera.

Sin embargo, muchas organizaciones y vecinos denuncian desconfianza, porque temen que, una vez remediados los pasivos, se intente reactivar la extracción, bajo pretexto de desarrollo económico o energético.

La principal preocupación, y causa de las manifestaciones, es la preservación del agua: Mendoza, y en particular San Rafael, enfrenta desafíos de escasez hídrica. Los críticos advierten que la minería intensiva, y en particular la explotación de uranio, consume grandes cantidades de agua, además de generar residuos tóxicos.

Existe desconfianza histórica: los pasivos ambientales no han sido completamente eliminados, y muchos temen que los procedimientos de remediación sean insuficientes o que luego de concluida la limpieza se retome la minería.

Además, se reprocha la falta de legitimidad: muchos vecinos sienten que los procesos técnicos y decisiones, estatales o de la CNEA, no contemplaron adecuadamente la voz ciudadana, el derecho al agua ni protección ambiental.

La movilización social continúa: la comunidad en San Rafael, a través de la Asamblea por el Agua y otros colectivos locales, sigue movilizada, manifestándose en rechazo a posibles reaperturas y exigiendo protección del agua y ambiente.

El debate ya no es sólo técnico o ambiental, sino político y social: ¿qué tipo de desarrollo quiere Mendoza? ¿Se prioriza la minería y la energía nuclear, o se prioriza la protección del agua, salud y el ambiente?