Carta del Lector

NO SOY ANTIMENERO (IV)

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Si la Nación insiste en abrir nuevos yacimientos de uranio en nuestra provincia, el gobierno debe exigirle que antes debe ocuparse de remediar los que ya explotó.

Los costos de remediación de los sitios fueron históricamente subestimados, y nunca hubo suficientes partidas presupuestarias para tal fin, se privilegiaron las explotaciones de nuevas minas, antes de la remediación de las ya explotadas.

 

Lo que debe quedar claro es que, sin licencia social, no puede haber minería del uranio, tampoco repositorios ni expansión nuclear sostenible.

 

En Estados Unidos, la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA) se sancionó en 1990 y reconoce que los mineros de uranio y algunas comunidades a favor del viento, tienen derecho a una compensación y atención médica, como resultado de su exposición a la radiación en la extracción y molienda de uranio.

 

Si el Congreso norteamericano sancionó una ley de compensación por exposición a la radiación, que incluye a los trabajadores de las minas de uranio, es entonces indiscutible que se ha reconocido que la minería del uranio, afecta la salud de los trabajadores.

 

Pero el Congreso norteamericano no es la única entidad de importancia global que lo ha reconocido.

 

La Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica de Berlín, confirma los resultados de un estudio único en el mundo, de cohorte que se examinó a 59.000 mineros que trabajaban en la extracción de uranio para la empresa Wismut.

 

Los resultados de este estudio, también publicado en el British Journal of Cancer, muestran un aumento en la tasa de cáncer de pulmón del 50 al 70 por ciento, así como 7.000 muertes inducidas por la radiación entre los 59.000 participantes del estudio (11,9 por ciento). Se detectó una correlación significativa entre el tiempo trabajado en las minas y el riesgo de cáncer.

 

La revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) también lo reconoce en un estudio de acceso abierto que evalúa cómo la exposición al uranio, medida a través de niveles urinarios, puede impactar negativamente la estructura y función cardíaca. Los hallazgos destacan asociaciones adversas entre los niveles de uranio urinario y características de la geometría y función del ventrículo izquierdo, especialmente entre jóvenes adultos indígenas estadounidenses. Esto subraya la necesidad de investigar los efectos cardiovasculares a largo plazo de la exposición crónica al uranio y diseñar estrategias para reducirla.

 

Francia ha negado durante mucho tiempo los problemas asociados a la minería de uranio. Pese a ello, y gracias a un trabajo sostenido durante 17 años y el apoyo de los medios de comunicación, el laboratorio francés del CRIIRAD ha obtenido resultados y, tanto el gobierno como su empresa Areva, han tenido que aceptar también que las explotaciones de uranio causan perjuicios a la salud.

 

Un grupo de franceses, para disponer certezas y expresarse con propiedad, decidió montar su propio laboratorio, independiente del estado y de la industria, para medir la radioactividad, así fundaron la Comisión de Investigación e Información Independientes sobre la Radiactividad (CRIIRAD). Su laboratorio no es contra o a favor de la energía nuclear, su objetivo es medir la radioactividad con precisión e informar.

 

El Banco Mundial reconoció, precisamente en Argentina, que “años de laxitud en la aplicación de la normativa medioambiental y en las prácticas de gestión de la industria de extracción de uranio” habían dado lugar a un “legado medioambiental indeseable”, lo que suscitaba preocupaciones sobre “la salud pública a largo plazo y el uso de los recursos naturales”, textual.

 

Las escombreras de residuos radiactivos de la planta de tratamiento Pichiñán, próxima a Paso Berwyn, fueron cubiertas con suelo del lugar y escombros del edificio de la planta demolida, se las rodeó con un alambrado y se colocó el cartel que se ve en la imagen. Así quedó el sitio radiactivo abandonado.

EJOLT, es un proyecto de investigación global que reúne a la ciencia y la sociedad para catalogar y analizar los conflictos de distribución ecológica y enfrentar la injusticia ambiental, también tiene como objetivo desarrollar la capacidad para identificar los impactos radiológicos de la minería de uranio.

 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) es una organización independiente que promueve en beneficio del público la ciencia de la protección radiológica. Es sin duda alguna el principal referente mundial en la materia. Su trabajo se basa en la recopilación de los resultados de las investigaciones científicas que se desarrollan en cada momento a lo largo de todo el mundo, se disemina mediante publicaciones científicas que consolidan los principales conceptos de la protección contra de las radiaciones en todas sus manifestaciones y usos, y constituyen la base de los estándares internacionales y de la normativa de la mayoría de los países.

 

Es una organización benéfica independiente, que se financia con contribuciones voluntarias de una amplia variedad de organizaciones e individuos interesados en la protección radiológica, y de los beneficios de la venta de sus publicaciones. Esta organización ha reconocido los perjuicios de la minería del uranio.

 

El OIEA, Organismo Internacional de la Energía Atómica, máxima autoridad en la materia dependiente de la Naciones Unidas, reconoce también que las explotaciones uraníferas producen contaminación y aconseja medidas de seguridad.

 

La ATSDR Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades reconoce: La gente que vive cerca de minas de uranio o de plantas que procesan o manufacturan uranio, puede estar expuesta a niveles de uranio más altos.

 

También hay ONGs que conocen y luchan contra la contaminación del uranio. Consignamos solo cinco: Greenpeace, Aghirin'man, Sherpa, Beyond Nuclear y Nukewatch.

 

Un gran problema es la exclusión de las voces independientes y de los miembros del público. La hegemonía de la élite nuclear, respaldada por sus gobiernos, ha mantenido los peligros de la radiación como un asunto privado, dejando al público en la ignorancia y violando así sus derechos humanos, especialmente los derechos del niño.

 

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